En algunos argumentos relacionados con la corrupción se tiende a confundir la definición con la descripción al incorporar ciertas características que no se articulan con lo definido a pesar de su potencial vinculación. Para el caso de la economía de un país—y su sistema económico como elemento tangible—suele asociarse indebidamente el funcionamiento del modelo económico con el comportamiento antivalores de algunos individuos que desarrollando actividades en el sector público o privado se procuran beneficios personales; soslayando en tal asociación que es la conducta humana la que corrompe organizacionalmente a la economía en su conjunto, al violar los principios ortodoxos de ella y su marco normativo establecido.
Tal situación es apuntalada por la complicidad del rol público al desviarse de sus deberes formales (fundamentalmente de control) propiciando debilidades en la capacidad de respuesta del aparato económico que le dificulta cumplir sus objetivos implícitos, a la par de inducir impactos negativos sobre la sociedad como un todo.
La palabra corrupción proviene del adjetivo corruptus que en latín significa descompuesto o destruido e igualmente se corresponde con el concepto social de corromper entendido como sobornar y al de corrupción que equivale a deterioro moral. Esta última equivalencia, y ante los efectos negativos que la corrupción causa sobre el crecimiento económico, nos impulsa hacia una interrogante: ¿existe en Venezuela un deterioro moral que está afectando la economía? Interrogante que debe responderse más allá de simplemente yuxtaponer de forma agregada la expresión “corrupción gubernamental”, pero asumiendo que el Gobierno es o puede ser el medio a partir del cual se comete corrupción, sin que necesariamente recaiga en el Gobierno mismo a menos que esté pretendiendo un autodeterioro del Estado al ignorar la corrupción administrativa de funcionarios públicos -en armonía con privados- cometida sin sentirse culpables, a la luz de una amplia tolerancia social hacia el gozo de privilegios privados que son percibidos como “cosas de la cultura política” que emanan en aparente complicidad entre las élites políticas y económicas; situación que representa un obstáculo para el desarrollo económico y social del país.
Habida cuenta que la ausencia de ética impulsa la corrupción organizacional de la economía, y que de igual modo corroe el tejido social ante la erosión de la capacidad productiva contenida en un modelo determinado, los economistas institucionales prestamos suma atención a la trasgresión de los postulados económicos ya que su violación debilita su eficacia esperada a futuro en razón a que la actividad empresarial (pública y privada) no depende del profesionalismo ni de la competitividad sino de su capacidad de influir sobre el entorno administrativo que les afecta; hecho que desestimula la productividad que es condición necesaria para alcanzar economías de escala. En tal escenario pareciera que subyace una correlación entre el tamaño del Estado y la corrupción organizacional de la economía; situación que ha impulsado la tesis de reducir el poder económico del Estado sin que ello implique una política de privatización y más competencia en el mercado, y en todo caso debe prevalecer el legendario señalamiento: “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”. En fin, coincidimos con ciertos autores que sostienen que la corrupción de la economía es un asunto de moralidad y no puramente legal que no se restringe únicamente al Estado, pero es o puede ser el Gobierno el instrumento idóneo para cometer corrupción. Esta posibilidad cobra mucha fuerza en un país como Venezuela donde el Ejecutivo Nacional maneja directamente cerca del 80% del Presupuesto Público (Bs 405,5 millardos) y el 100% de los Fondos Paralelos cuyo monto es similar a lo presupuestado para la Nación.
Jesús Alexis González / @jagp611
