Cada una de las cosas que hay en La Casona, todas sin excepción, pertenecen a la Nación. Los regalos que reciban los presidentes debido a su posición no les pertenecen. Son patrimonio de la Nación
Se ha planteado que la permanencia de la familia del finado presidente en La Casona estaría bien porque el presidente falleció en el cargo y, entonces, su familia tiene el derecho de residenciarse allí hasta que culmine el tiempo para el cual Chávez fue elegido. Ello no tiene ni pies ni cabeza. Carece de asidero legal. Se entiende la cortesía de los primeros días luego del deceso de Chávez, pero la situación, si acaso siguen viviendo allí, es ya una desmesura.
Comencemos por decir que Chávez no tiene viuda. Estaba legalmente divorciado de su primera y también de su segunda. Los hijos de Chávez son mayores de edad -menos la menor que vive con su madre- y por ende competentes para su propio mantenimiento. La República no está en modo alguno obligada a brindarles vivienda. Eso es un mayúsculo disparate. Además, Rosa Virginia Chávez está casada con el Vicepresidente quien tiene residencia asignada, La Viñeta. Si los Arreaza-Chávez están viviendo en La Casona, ello es un despropósito y una violación a toda la norma. Y un supino irrespeto a la Nación y a nosotros los ciudadanos.
Según las instituciones de este país, Maduro es el presidente. No técnicamente, legalmente. La Casona es la residencia presidencial. Ahora que el señor Maduro legalizó su situación marital (según sus mismas palabras se casó con la señora Cilia Flores, lo cual saludo pues me parecía del todo indecorosa la situación anterior), la ahora señora Maduro y su esposo pueden hacer de La Casona su casa de habitación, a la cual pueden mudarse también sus hijos en situación de dependencia. No toda la parentela.
Las cosas hay que hacerlas apegadas a derecho, no bajo fórmulas extrañas o “sobrevenidas”. Al pueblo le cuesta mucho dinero mantener esa casa que, repito, es patrimonio de la Nación. La Casona no puede ser albergue para otros agregados. Como en todos los asuntos referentes a Gobierno, debe y tiene que haber rendición de cuentas sobre la situación y gastos de La Casona. La Contraloría General puede y debe hacer auditoría, dado que es un bien de la Nación.
La familia presidencial no está obligada a mudarse a La Casona. El presidente Velázquez, por ejemplo, no lo hizo. Pero en La Casona no pueden habitar sino los miembros de la familia inmediata del presidente en ejercicio. El personal de servicio y cuido son empleados de la República, no de los residentes presidenciales de turno.
Digo más. Cada una de las cosas que hay en La Casona, todas sin excepción, pertenecen a la Nación. Los regalos que reciban los presidentes debido a su posición no les pertenecen. Son patrimonio de la Nación. Si los residentes transitorios compran algo, deben hacerlo con su propio dinero y con factura y declaración respectivas. Eso es lo único que se pueden llevar junto con sus pertenencias personales. Es ilegal vender u obsequiar cualquier pieza o elemento de La Casona. Uno de los hijos de unos de los presidentes (me reservo sus nombres) era muy afecto a hacer parrillas. Así, fue a una tienda y se compró una parrillera que colocó en el área privada de la residencia. La usó con frecuencia hasta que su padre culminó el periodo. Cuando tocó mudarse quiso llevarse la parrillera. No lo pudo hacer pues cuando la adquirió (con su propio dinero y no contra la partida asignada a La Casona) no había conservado la factura y no la había declarado como bien personal.
Una cosa debe estar muy clara: Venezuela elige presidente, no familia presidencial. Al producirse la ausencia absoluta del presidente, sus familias no pueden disfrutar de los privilegios pues ellos solo se otorgan a ellos en cuanto familia directa del presidente en ejercicio y cesan de inmediato al no ser esa persona presidente, sea porque finalizó su mandato, se produjo destitución o renuncia, o falleció. Cuando el presidente Carlos Andrés Pérez fue destituido, los Pérez abandonaron La Casona.
Si el presidente Maduro está preocupado por la situación de la familia de Chávez, pues de su propio bolsillo, que no del erario de la Nación, puede darles dinero. Que la Nación pague en dinero, o especies, o vivienda, o lo que sea la manutención de la familia del expresidente Chávez es peculado de uso y malversación de fondos públicos. Es decir, delito contra la cosa pública. Imagino que la pensión militar que recibía el presidente Chávez es heredable. Pero eso es otro asunto que nada tiene que ver con su condición de expresidente. Por cierto, ni La Casona puede ser entregada a su nuevo residente sin auditoría previa y rendición de cuentas ni el IPN puede lavarse la manos en su responsabilidad al respecto.
A diario recibo mensajes, tuits, mails de vecinos de la zona de La Casona. Me cuentan cosas espantosas. Ruidos muy molestos, festines y francachelas, camiones y camionetas que entran vacíos y salen cargados. Hay gente que me alerta que incluso se han vendido en páginas web piezas y artículos. No me consta nada de eso. Aspiro y espero que no sea así. Ello constituiría además de un irrespeto mayúsculo, un desorden y un delito.
Pregunto: ¿Quién nos responde a los ciudadanos sobre esto? El silencio oficial solo hace que la gente confirme las peores sospechas.
Soledad Morillo Belloso
