Partiendo de la idea de que el pueblo está por encima de los políticos, y que la clase política gobernante está al servicio del pueblo y no al revés, se debe insistir constantemente en que los problemas tienen que ser estudiados en forma conjunta con las comunidades para la búsqueda de soluciones
El fin de semana pasado, el gobierno realizó el llamado «censo comunal 2013», como parte de su programa electoral «Comuna o nada», una de las estrategias con las cuales el madurocabellismo espera enfrentar el escollo comicial del próximo 8 de diciembre.
No nos detendremos aquí a analizar las características y las múltiples desventajas para la organización popular de ese invento extraconstitucional denominado «comuna», el cual –entre otras cosas– elimina el voto universal, directo y secreto. Dejaremos eso para otra ocasión. Lo que sí nos interesa en este momento es comentar brevemente cómo esta estrategia de las «comunas» revela la concepción tutelada y cuartelaría de la participación que tiene la oligarquía oficialista.
De acuerdo con esta particular manera de concebir la organización popular, la participación es entendida como el concurso de la mayor presencia de personas posible, pero que al mismo tiempo esa concurrencia sea lo más «filtrada» que se pueda para que no lo hagan o participen quienes no comulgan con la forma de pensar del gobierno.
En la estrategia de dominación oficialista, la participación se asume de manera vertical, desde un centro –cual cabeza que dirige al cuerpo– y que le da a éste la libertad de tomar algunas decisiones específicas pero dentro de unos límites ya definidos desde arriba, desde el poder. Es una participación y un empoderamiento tutelados, determinados en sus alcances y orientaciones por los intereses del poder. La concepción hegemónica militarista de la participación demanda el control y cierre de ésta a favor de la existencia de un «poder popular» homogéneo, con una sola interpretación de la historia, con una ideología excluyente y sólo al servicio de los intereses de los poderosos. Es un «empoderamiento direccionado»: las personas participan y toman decisiones en ámbitos y límites ya definidos previamente por la oligarquía gobernante.
No en balde, el censo comunal persigue registrar y darle «carta oficial de existencia» a las organizaciones sociales que se inscriban. Pero esa inscripción es nada más y nada menos que ante el gobierno, específicamente ante el Ministerio de las Comunas, quien es el que finalmente las legitima, a semejanza de lo que hacían los desaparecidos «círculos bolivarianos», quienes tenían que registrarse y pedir permiso de existencia ante una oficina situada en el propio Palacio de Miraflores. Tenemos así en nuestro país la absurda situación de que quien decide si una organización popular existe no es el pueblo, sino el gobierno. Semejante contradicción estructural hace que lo que el gobierno pregona como una herramienta de poder popular, es en realidad una estrategia de domesticación y debilitamiento del poder del pueblo, en beneficio de los poderosos.
En un artículo publicado el año pasado en el diario Tal Cual, Laureano Márquez hizo quizás la más clara explicación de en qué consiste la «comuna», como la expresión más acabada de la concepción oficialista de participación popular. Estamos en transición hacia el sistema comunal «cuando, por ejemplo, a la gente se le entrega un apartamento a medio hacer, y se le explica que eso que está al lado del recibo es «comuna cocina» y ese terrero afuera con una capita de asfalto es «comuna avenida»; el dispensario mal dotado, «comuna clínica» y ese grupo armado que nos amenaza más que cuidarnos es «comuna policía»; el barniz tenue de formación que los niños reciben en la educación pública es «comuna escuela» y así sucesivamente» («Es Comuna», 30-11-2012). Parafraseando a Laureano, el concepto de participación cuartelaría y tutelada del madurocabellismo constituye de hecho «comuna castración» de la verdadera organización popular y de sus inmensas posibilidades de expansión y articulación social.
Al contrario de esta restrictiva y mutiladora noción oficialista, es necesario enfatizar la idea de la participación efectiva y liberadora. Partiendo de la idea de que el pueblo está por encima de los políticos, y que la clase política gobernante está al servicio del pueblo y no al revés, se debe insistir constantemente en que los problemas tienen que ser estudiados en forma conjunta con las comunidades para la búsqueda de soluciones. En estas soluciones debe existir una búsqueda activa del consenso para que el ciudadano ejerza su función de gobierno y no de mero receptor de favores, y acentúe su función de vigilar la transferencia y ejecución de los recursos a favor del pueblo.
La participación y el protagonismo popular, para que sean reales y no meros adornos de propaganda politiquera, deben darse sin guiones pre-establecidos por los de arriba. Hay que enfatizar en que, ciertamente, la única forma de superar la pobreza es dándole poder al pobre. Pero hay que dárselo de verdad, sin miedo, y sin el chantaje de que ese poder sólo se le otorga si se mantiene sumiso a las directrices de los poderosos.
Ángel Oropeza
