¨El Estado se ha limitado a negar los hechos¨, según García Rey del equipo de defensa
Representantes de las víctimas del caso «Tide Méndez y otros contra República Dominicana» denunciaron la existencia de un «patrón de expulsiones masivas de personas haitianas o de ascendencia haitiana» en el país caribeño entre 1994 y 2000.
«Las expulsiones de las víctimas de este caso no son hechos aislados», dijo Paola García Rey, del equipo de la defensa, ante los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
En la presentación de los alegatos finales de la audiencia pública del caso, García Rey sostuvo que, «de acuerdo con la prueba presentada a lo largo de este proceso, entre 1994 y 2000 (…) existía un patrón de expulsiones masivas de personas haitianas o de ascendencia haitiana en República Dominicana».
Citó la declaración de la coordinadora del Centro de Observación Migratoria y Desarrollo Social, Bridget Gooding, quien ayer estimó que en ese periodo hubo alrededor de «30.000 expulsiones de este tipo al año».
García Rey recordó que al Estado le corresponde demostrar que los hechos no sucedieron, no a las víctimas.
«El Estado se ha limitado a negar los hechos, sin embargo, no ha presentado ninguna prueba de descargo», apuntó, y lo justificó en el hecho de que «no existe ningún registro oficial de estos acontecimientos».
Por último, el representante de Cejil reconoció «el derecho que tienen los Estados de regular y controlar el ingreso de personas extranjeras a su territorio».
Sin embargo, señaló que desde la Opinión Consultiva número 18 de la CorteIDH ha quedado establecido que «las medidas adoptadas con este fin tienen como límite el respeto y garantía de los derechos humanos».
Agencias
