Apartir de ahora, una autoridad podrá escudriñar todas las cuentas
A finales del pasado mes de junio, la policía italiana detuvo a un alto prelado del Vaticano, monseñor Nunzio Scarano, por intentar transportar desde Suiza a Italia 20 millones de euros en un jet privado. Aquella operación de película —además del llamado monseñor 500 participaron un exagente de los servicios secretos y un intermediario financiero buscado en España por fraude— dejó tras de sí dos certezas.
La primera —en virtud de las escuchas practicadas por la fiscalía de Roma— es que el banco del Vaticano, cuyo nombre oficial es Instituto para las Obras de Religión (IOR), operaba “bajo un sistema organizado para escapar a los controles de las autoridades”. La segunda es que el papa Francisco estaba firmemente dispuesto a limpiar de una vez por todas el banco del Vaticano y, si era necesario, incluso cerrarlo.
Aquella determinación de Jorge Mario Bergoglio, que no hizo nada por sacar de prisión a monseñor Scarano —“no lo han detenido por ser la beata Imelda”, llegó a declarar en el vuelo de regreso de Río de Janeiro—, se vio enseguida respaldada por la publicación, el pasado 8 de agosto, de un motu proprio o documento pontificio en el que dejaba claro: “Deseo renovar el compromiso de la Santa Sede en adoptar los principios y ejecutar los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional, adecuar aún más el orden institucional para la prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”. Se trataba de una declaración de intenciones por escrito que tendría que llenarse de contenido con la publicación de una ley. Es lo que la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano acaba de hacer ahora con la aprobación, el martes, de una legislación muy precisa para garantizar la transparencia del IOR mediante mecanismos férreos de vigilancia e información.
“Con esta ley”, declaró el padre Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, “se cubren al 99% los estándares europeos; ya solo quedan pequeños detalles”. De lo que se trata, sobre todo, es de otorgar poderes reales a la Autoridad de Información Financiera (AIF) para que escudriñe no solo las operaciones del IOR, sino también la de todos los organismos del Vaticano que tengan contacto con el dinero. No hay que olvidar que el año pasado un informe del comité europeo contra el lavado de dinero advirtió que, pese a las instrucciones dadas por Benedicto XVI en pos de la transparencia, aún había mucho que hacer. Según el arzobispo Dominique Mamberti, el llamado ministro de asuntos exteriores del Vaticano, “la ley —que entra en vigor hoy— pone al Estado Ciudad del Vaticano más cerca de las recomendaciones y estándares internacionales”. Con la nueva legislación, el AIF puede investigar incluso la honestidad de los directivos del IOR e inspeccionar, en cualquier momento, documentos o cuentas que le parezcan sospechosas.
La pasada semana, por primera vez en su historia, el IOR hizo público un balance anual, el de 2012, que arrojó un beneficio neto de 86,6 millones de euros, de los que 54,7 irán a las arcas de la Iglesia. Según sus propios datos, el banco del Vaticano gestiona 13.700 cuentas que, en teoría, deben ser de miembros del clero, empleados o exempleados del Vaticano. Lo curioso es que en 2012 estos supuestos clientes depositaron 6.300 millones de euros, entre los que destacan los 3.200 millones en contratos de gestión patrimonial.
Agencias
