El libro escrito por Ingo Müller sobre la justicia alemana en los años del nazismo, traducido por el conocido abogado venezolano y profesor universitario Carlos Armando Figueredo, menciona los pasos que un régimen da para poner todo el ordenamiento jurídico al servicio de su causa
Hernán Papaterra [email protected]
Justo cuando se cumplen nueve años de la detención arbitraria y reclusión absurda del comisario Iván Simonovis por delitos no cometidos ni probados, se anuncia una temeraria solicitud de investigación criminal contra el diario venezolano El Universal por el delito de informar. Ambos hechos, separados en el tiempo, pero expresión de un mismo proceso de denegación de justicia, nos llevan a la obligada lectura y consiguiente comentario del libro Los Juristas del Horror. Diría el consagrado jurista José Tomás Angola Heredia, ¡Así se destruye una república y no podemos permitirlo!
El libro escrito por Ingo Müller sobre la justicia alemana en los años del nazismo, traducido por el conocido abogado venezolano y profesor universitario Carlos Armando Figueredo, menciona los pasos que un régimen da para poner todo el ordenamiento jurídico al servicio de su causa. Primero el Reichstag, una suerte de Asamblea Nacional, que terminó siendo la sede de un teatro de marionetas; después las cortes y los tribunales obedeciendo ciegamente las órdenes, y finalmente, el aparato de represión respondiendo con prontitud a los mandatos emanados legalmente de las instituciones para implantar una putrefacta ‘justicia revolucionaria’ o de seguridad nacional.
El libro presenta la manera como un país enfermo en su moral puede dejar desfigurar la justicia y permitir ponerla al servicio de intereses políticos bastardos y ruines.
El pretendido delito de El Universal es haber reseñado el crimen cometido contra un joven ingeniero que fue secuestrado al llegar a su casa en Caracas, y que según la policía, fue ajusticiado por sus secuestradores.
La Defensoría del Pueblo interpuso en un tribunal de menores una acción judicial por “infracción a la protección debida” contra el diario El Universal por acompañar la noticia con una fotografía donde se aprecia, además de la sangre, una mano de la víctima. Y porque la imagen habría provocado, a no se sabe quién, un “gran impacto visual” que vulneró “la integridad psíquica de los niños, niñas y adolescentes” y su “derecho a recibir información adecuada a su desarrollo integral y el derecho a la salud”.
Estudios en curso en universidades nacionales y extranjeras registran ya datos dramáticos sobre los impactos y efectos negativos de las reiteradas declaraciones y alocuciones de funcionarios públicos venezolanos que, desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Policía, la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas, el Indepabis, entre otros entes del Estado, generan graves situaciones de ira, angustia y depresión emocional. Cuadros de estrés y malestar general inducidos y sostenidos en adultos que, de forma casi inmediata, se manifiestan en niños y adolescentes en forma de violencia intrafamiliar y conflictividad social en centros educativos y comunidades en general.
La verdadera “infracción a la protección debida” contra la salud mental, física y emocional de niños, niñas y adolescentes, se sucede a diario cuando éstos y sus familiares acuden a centros de salud, como el Hospital de Niños en Caracas y no hay posibilidad de atención médica para ellos; cuando van en procura de cupos escolares y no hay quien vele por su derecho a la educación. Y cuando acuden al colegio y son secuestrados sus padres o madres. O peor, cuando sus padres y hermanos, incluso docentes, no regresan a casa por haber sido asesinados mientras las autoridades competentes se pasan horas y horas en cadenas diarias de radio y televisión.
