El año pasado, el gobierno dio algunos pasos para el diálogo con el sector empresarial estableciendo mesas en las que se sentaron algunos empresarios y representantes oficialistas
Juan Páez Ávila
El año pasado el gobierno dio algunos pasos para el diálogo con el sector empresarial estableciendo mesas en las que se sentaron algunos empresario y representantes oficialista, con el sector gremial al convocar el Ministro de Educación Superior a los profesores, estudiantes y autoridades de las Universidades Autónomas a dialogar para la discusión y posible solución a la crisis universitaria, y con la Alta Jerarquía de la Iglesia Católica solicitando su mediación para enfrentar el problema del desarme.
Después de las elecciones municipales Nicolás Maduro invitó a los alcaldes y gobernadores electos a dialogar sobre los problemas que les son comunes al Poder Central y los Poderes regionales y locales, lo que ha dado lugar a varias interpretaciones, entre las que predomina la necesidad de Maduro de legitimarse como Presidente electo, porque se ha negado a establecer un diálogo con Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que representa el 50% o más del electorado nacional.
Estos hechos revelan lo complicado y difícil creer en la voluntad del gobierno para dialogar, así el llamado provenga del Presidente de la República, que busca su legitimación en el mundo sectorial, desconociendo el factor político, sin el cual no se podrá avanzar.
Como sucedió entre Mandela desde la cárcel y representantes del gobierno racista de Sud África y en Colombia, donde el diálogo se establece entre factores de poder, que tienen profundas diferencias ideológicas y en cuanto a la conducción del Estado, con la finalidad de normalizar la vida política, económica y social de la nación. Por eso el diálogo se adelanta en Cuba entre representantes del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC, previo acuerdo de que el mismo tiene como objetivo buscar y encontrar la paz definitiva en el vecino país.
Entre nosotros afortunadamente no hay guerra, pero existen peligrosas manifestaciones de violencia en los barrios populares entre bandas armadas de diferentes signos, aunque con predominio del hampa común que también amenaza a la clase media y a toda la población. Y además existe un estado de permanente violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en nuestra opinión requiere un diálogo de interés nacional, para restablecer el Estado de Derecho.
La violación de la Carta Magna ha sido una práctica frecuente, antes y después de la decisión del Presidente de la República extinto, de designar al Vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, como su sucesor en caso de que fuese declarado Inhabilitado, cuando el artículo 233 de la Constitución Nacional establece que debe encargarse el Presidente de la Asamblea. Por eso Maduro no dialoga con el factor político, no cumple con la Constitución Nacional, seguramente por la influencia que ejercen los hermanos Castro, quienes como se dice en corrillos políticos lo escogieron con el extinto Presidente Chávez, para sustituir a éste en la Jefatura del Estado, y por eso el Presidente de la Asamblea Nacional y de la totalidad de los parlamentarios oficialistas, actuaron con absoluta complicidad con la flagrante violación de la Ley fundamental de la República.
Y aunque el difunto Presidente de la República llamó a un diálogo nacional, antes y después de las elecciones del 7 de octubre pasado, no se han dado algunos pasos para se produzca la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados. Todavía existe un largo trecho por transitar para que se vean los frutos de la aspiración de muchas familias venezolanas de recibir en sus hogares a sus seres queridos, que están tras las rejas o en el ostracismo.
Por tales y muchas otras razones, para evitar males mayores resulta imprescindible, ampliar cuanto antes un diálogo constitucional, con participación de representantes del gobierno y de los Partidos de la oposición, para restablecer el Estado de Derecho. Para ello es necesario dejar de lado a los talibanes y extremistas del oficialismo y de la oposición, que desde posiciones muy cómodas, por lo general exclusivamente teóricas, les piden a los líderes que conducen la administración pública y la lucha por un cambio democrático, que radicalicen sus enfrentamientos. Cualquiera sea la conducta del heredero del difunto Presidente y de su incapacidad para seguir al frente de la nación y resolver los problemas fundamentales que afectan a la mayoría de los venezolanos, los demócratas debemos seguir indisolublemente vinculados y apegados al texto de la Constitución Nacional de la República Bolivariana.
El desempeño de los integrantes de la Mesa de la Unidad (MUD) ha permitido a la Alternativa Democrática avanzar hasta alcanzar el 50% de los votantes, capaz de conducir a todos los demócratas, si se redimensiona y nos organizamos y nos unimos, a una lucha política exitosa, que ineludiblemente se liberará este año al margen del interés electoral inmediato.
