El Vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, puntualizó que los delitos cometidos en este caso fueron alteración fraudulenta, acaparamiento, boicot y compra de productos vencidos.
CARACAS (Especial).- Alimentos en estado de abandono y medicamentos vencidos, fue el resultado del despliegue de la nueva “ofensiva económica” iniciada este fin de semana por la Súper Intendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), en los estados Carabobo y Vargas, respectivamente.
El mayor general Hebert García Plaza, informó que en la ciudad de Puerto Cabello fueron hallados 136 contenedores de comida en estado de abandono con diversos alimentos.
Además, advirtió que se presume que 5.000 contenedores más estén en estado de abandonado en el puerto de la localidad.
García Plaza detalló que los propietarios de estos contenedores violan el artículo 56 de la Ley Orgánica de Precios Justos, el cual consagra que se busca la «desestabilización económica».
Por su parte, Andreína Tarazón, representante de Sundde, explicó que realizaron inspecciones en el puerto de la Guaira, en el estado Vargas, y hallaron 32 contenedores con medicamentos y equipos médicos, también en estado de abandono.
Tarazón informó que estos contenedores se encuentran en el puerto desde hace meses o hasta un año, mientras que el ministro de salud, Francisco Armada, detalló que los medicamentos estaban vencidos y que algunos eran «falsos» equipos médicos o no estaban en condiciones adecuadas para su uso.
Asimismo, el vicepresidente de la república, Jorge Arreaza, puntualizó que los delitos cometidos en este caso fue alteración fraudulenta, acaparamiento, boicot y compra de productos vencidos.
Ponen a valer la Ley
Orgánica de Precios Justos
El pasado viernes en la Gaceta Oficial 40.340 se oficializó la Ley Orgánica de Precios Justos que será aplicada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) a quienes vendan bienes o presten servicios. A continuación se presenta en detalle la normativa y sus sanciones. - De 8 a 10 años de prisión, multa entre 1.000 a 50.000 UT y ocupación del establecimiento por 180 días a quienes comercialicen a precios superiores del margen de ganancia establecido por el Sundde (Actualmente el límite es de 30 %). - De 10 a 12 años de prisión y multa entre 1.000 a 50.000 UT a quienes desarrollen acciones que impidan la comercialización de bienes o servicios. - De 8 a 10 años de prisión, multa de 1.000 a 50.000 UT y ocupación del establecimiento por 180 días a quienes realicen “acaparamiento” de productos para “desestabilizar la economía”. - De 10 a 14 años de prisión a quienes recurran en el contrabando de extracción. - De 6 a 8 años de prisión a quienes vendan o comercialicen productos nocivos para la salud o de prohibido consumo. - De 5 a 10 años de prisión, multa de 500 a 10.000 UT y ocupación del establecimiento por 180 días a quienes “alteren la oferta y la demanda en el mercado” con la destrucción de bienes o desmejora de la calidad de servicios. - De 1 a 3 años de prisión y multa entre 200 a 10.000 UT a quienes vendan productos alimenticios vencidos o en mal estado. - De 4 a 6 años de prisión a quienes incurran en la usura con prestaciones que impliquen “una desventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte se realiza”. - De 4 a 6 años de prisión a los propietarios de locales comerciales que fijen cánones de arrendamiento superiores a los límites establecidos por la Sundde. - De 4 a 6 años de prisión a quienes en operaciones de crédito obtengan comisiones y recargos de servicios de una cantidad por encima de la tasa máxima fijada por la Sundde o permitida por el Banco Central de Venezuela. - De 4 a 6 años de prisión a quienes vendan bienes a crédito con una tasa por encima a la máxima fijada por la Sundde o permitida por el Banco Central de Venezuela. - De 6 meses a 2 años de prisión a los proveedores que modifiquen o alteren la calidad, cantidad, peso o medida de los bienes. - De 2 a 6 años de prisión a quienes “difundan por cualquier medio noticias falsas que empleen violencia, amenaza, engaño o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los bienes o servicios”. - Multa entre 200 a 10.000 UT a quienes compren productos declarados de primera necesidad con fines de lucro para revenderlos a precios superiores. - Multa de 10.000 UT y cierre del establecimiento por 90 días a quienes reincidan en algunas de las infracciones. - Multa entre 200 y 5.000 Unidades Tributarias UT a quienes no presten colaboración necesaria o suministren información falsa al momento de la inspección. / Con información de Globovisión.com
