Efectivos de unidades especializadas del componente militar son usados para la persecución política. La Policía Nacional Bolivariana coopera
A partir de las manifestaciones callejeras del 12 de febrero, los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de la Defensa ordenaron respectivamente a la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional Bolivariana vigilar y espiar las manifestaciones y a los opositores que las lideran en cada localidad del país.
De acuerdo con documentos en poder de un medio privado este espionaje consiste en el análisis de la actividad telefónica de ciertos números, la intervención de conversaciones de Whatsapp, el seguimiento dinámico con tomas de videos y fotografías para identificar a los líderes de las protestas, a los grupos que los respaldan, sus consignas, modos y ámbitos de actuación.
Si las autoridades practican alguna detención, en las pesquisas posteriores se retienen los teléfonos celulares de los manifestantes para cruzar llamadas e identificar redes de comunicación.
En el caso de Mérida, por ejemplo, los agentes de inteligencia determinaron que un número es crítico para el funcionamiento de una red opositora, denominada Rebelde 2, que divulga sus mensajes a través de la red Whatsapp.
Al intervenirlos se percataron de la supuesta instigación a bloquear las principales carreteras usadas por los temporadistas durante el Carnaval. Según el analista, la intención de esta red es “crear mensajes desestabilizadores”.
Fuentes de ese componente indicaron que los reportes van acompañados con capturas de pantalla de cada mensaje.
Los documentos también describen cuáles son las tareas de los agentes. En el caso de la Policía Nacional Bolivariana los funcionarios están obligados a emitir un reporte sobre cada acto de calle. Se debe indicar con claridad la hora de inicio y finalización, número de participantes, ámbito donde se desarrolla y de ser posible el líder visible. También se deben señalar las consignas de los manifestantes.
Agencias
