Ratificamos que el llamado sigue siendo a protestar pacíficamente, y que toda nuestra lucha se enmarca dentro de la Constitución
Cipriano Heredia S.
@CiprianoHeredia
Aquel 02 de febrero de 1999, el presidente entrante Hugo Chávez Frías inauguraba su período decretando la convocatoria a un referéndum para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, obviando lo establecido en el artículo 250 de la Constitución vigente para la época, lo cual fue lamentablemente avalado por la entonces Corte Suprema de Justicia, integrada en su mayoría –sea dicho- por magistrados respetables.
Con ese hecho (sin dejar de reconocer que la actual es una buena Carta Magna en general), se dio inicio a lo que vendría a ser la base del asentamiento de esta neodictadura en lo sucesivo: violar la Constitución y las leyes a discreción, con el aval de las instituciones del Poder Público, mientras se construía una nueva legalidad revolucionaria. Allí identifico, en mi modesta opinión, el punto de partida de esta tortuosa experiencia que hemos recorrido estos años y que hoy es ya una tragedia nacional.
Acto seguido, por ejemplo, se dio la orden de no desalojar invasores, con lo cual comenzó la destrucción sistemática de la productividad agropecuaria ante la inacción de los organismos que debían velar por la protección de la propiedad privada, luego reforzada con las intervenciones arbitrarias del INTI, las confiscaciones de tierras disfrazadas de «rescates», etc. Todo ello nos trajo de una Venezuela autosuficiente en carne y varios rubros agrícolas para 1998, a una que importa más del 60% de los alimentos que consumimos hoy en día.
Igual pasó con la empresa privada. Primero se expropió una que otra, hasta que, ya con el control total del TSJ y el resto del Poder Judicial, el Gobierno pasó a arrebatarle a sus dueños cuanta tienda, bodega, cadena o industria se le antojara sin ningún freno, haciendo lo que se ha llamado «expropiaciones express», hasta llegar a la increíble cifra de 1300 empresas que han pasado al Estado. Vale decir que todas eran productivas en manos privadas, pero que ahora en su inmensa mayoría están quebradas y/o prestan servicios de pésima calidad.
Por otro lado, en los últimos años han cerrado más de 300 mil pequeñas y medianas empresas, asfixiadas en medio de un enjambre de controles, amenazas gubernamentales y sin seguridad jurídica. Lo mismo ha ocurrido con unas 8 mil industrias, todo lo cual se traduce en una caída brutal de la inversión privada en el país, que a su vez se traduce en menos empleo y más pobreza.
Pero aquí no acaba esta tragedia. Bajo el Gobierno ilegítimo, corrupto y torpe de Nicolás Maduro, Venezuela no sólo ha alcanzado la inflación más alta del mundo y el mayor nivel de escasez de la historia como consecuencia de todo lo descrito, sino que además exhibimos la segunda tasa de homicidios más alta del planeta, lo cual se expresó el año pasado con 25 mil fallecidos a manos del hampa. A todo esto se le suma además la crisis de los servicios públicos, la destrucción de las instituciones y el cercenamiento sistemático de las libertades y derechos fundamentales.
Todo lo descrito constituye la razón fundamental que alimenta el espíritu de protesta que se ha extendido a todo el país. Venezuela es hoy una nación en ruinas, y quienes vivimos aquí sufrimos día a día todo tipo de calamidades, limitaciones, agresiones y peligros. Eso no se puede ocultar cerrando canales de TV, suprimiendo el papel periódico o bloqueando el Twitter, así como tampoco se puede ocultar la sangrienta represión que ha desatado el Gobierno en la calle contra los manifestantes, usando los organismos de seguridad y los grupos civiles armados que ha creado, a quienes les ha dado además licencia para matar impunemente.
Desde esta tribuna ratificamos que el llamado sigue siendo a protestar pacíficamente, y que toda nuestra lucha se enmarca dentro de la Constitución.
