Fernando Luis Egaña
La hegemonía apela a la represión para tratar de impedir que se desintegre el orden público. ¿Por qué? Por la gravísima crisis –crisis existencial, si las hay–que padece el país. Si en un tema venezolano existe un cuasi-consenso es que la situación presente es muy mala y las perspectivas son peores. En ello tienden a coincidir opositores y oficialistas. Claro, unos y otros alegan razones distintas, y parte de los segundos le echa la culpa a los primeros.
Pero la percepción sobre el agudo deterioro de la realidad económica, social y política de Venezuela, crece y se acuerpa en todas las regiones, sectores y estratos de la nación. En todos. No es una percepción «clasista», como algunos pretenden hacer ver, sino una de alcance «policlasista», para usar un término de vieja y conocida data en nuestro diccionario político-social.
Y es lógico que así sea porque es muy difícil de justificar el que Venezuela se abisme a una crisis de ribetes humanitarios con el barril de petróleo en 100 dólares. A Maduro la gobernabilidad venezolana le ha quedado muy grande, y tal consideración la están haciendo con mucha insistencia desde sus propias filas. La marea de la mega-crisis parece que se encrespa día a día, y la única respuesta visible del régimen es la represión política, la represión económica, la represión comunicacional y la represión violenta de las protestas ciudadanas.
A Maduro y su gabinete le inquieta sobremanera que la rebeldía de los estudiantes y de tantos sectores impulse, así mismo, la rebeldía masiva de específicos ámbitos sociales que tradicionalmente han sido identificados con su parcialidad política. La escasez, la carestía, la penuria y la explosión de violencia criminal están haciendo especialmente de las suyas en estos ambientes, y los efectos de todo ello tienen consecuencias terribles. Los saqueos en diversas regiones y ciudades principales, lo demuestran.
La convocatoria a una «conferencia de paz» por parte de Maduro, busca detener la ola de la protesta y atenuar el compromiso cívico al respecto. Los castristas son duchos en tramoyas, pero uno imagina que a estas alturas, los representantes de la plataforma opositora no están dispuestos a jugar el juego de los disimulos democráticos. Llevamos demasiado tiempo en eso y el país lejos de avanzar se ha desbarrancado. Además, los llamados al «diálogo» no pueden tener credibilidad alguna si se realizan a la par de intensificar todas las facetas de la represión.
«Obras son amores y no buenas razones», es decir que la represión tiene que cesar ya, los responsables de los asesinatos y las torturas tienen que ser evidenciados y procesados, los derechos y libertades tienen que ser efectivamente asegurados y, en suma, el régimen imperante debe dejar de ser una hegemonía despótica para adaptarse a los principios y normas de la Constitución. ¿Esto es viable? Sin presión popular, no.
Más aún, la reciente declaración de la Conferencia Episcopal Venezuela expresa claramente lo siguiente:» En nuestro país existen visiones plurales con grandes diferencias entre ellas. Ningún modelo social o político tiene el derecho a imponerse a los demás. La Constitución venezolana garantiza las condiciones de una sociedad pluralista en sus visiones». Acá está el meollo de la cuestión. Un sector político-militar sólo busca imponerse al conjunto nacional y, encima, con absoluto desprecio al pluralismo venezolano.
De allí que las protestas sean plenamente justas y legítimas. Si lo son ante los desmanes o excesos de los gobiernos democráticos, con más razón lo son ante una satrapía represiva, corrupta e inepta, que ha sumido a Venezuela en una crisis de naturaleza, repito, existencial. La represión de Maduro no sólo no le está ayudando a atemorizar a los venezolanos, sino que está poniendo de manifiesto, todavía más, el por qué esta nación necesita superar la hegemonía.
