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Home Opinión

Legalmente, sí se puede obligar al alcalde Garcés a recoger la basura

Daniel Murolo by Daniel Murolo
17/03/2014
in Opinión
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Hace poco les anuncié que estaba realizando una investigación jurídica con el objeto de explorar la posibilidad de ejercer acciones legales contra la alcaldía del Municipio Guaicaipuro por el incumplimiento del servicio de aseo urbano y domiciliario; así como el de limpieza, recolección y tratamiento de residuos y el de la protección del ambiente; que son competencias propias del Municipio tal como lo establece el artículo 56, numeral 2, literal D de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Pues, encontré un precedente jurídico interesante.

En el reciente febrero el Ministerio Público por vía del Fiscal 28 en materia de Defensa Ambiental del estado Zulia solicitó al Tribunal Séptimo de Control de la región que aplicara medidas judiciales especiales contra la Alcaldía del Municipio Maracaibo en virtud de la ineficiente prestación del servicio en la recolección de la basura; y esta instancia judicial acordó que las autoridades del poder local tenían que ejecutar planes de emergencia para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos en su jurisdicción; que incluían la presentación de rutas y horarios de los camiones recolectores, así como disponer de recursos humanos, logísticos y económicos para cumplir con el mandato del tribunal.

Replanteo el tema porque esta sentencia crea jurisprudencia sobre la materia y por tanto nos indica que sí es posible iniciar un proceso judicial contra la alcaldía del Municipio Guaicaipuro, en la persona de Francisco Garcés, para obligarlo a que cumpla con sus funciones de recoger la basura; porque es público, notorio y comunicacional que existen serias deficiencias en la prestación de este servicio público, situación que tiene en riesgo la salud de más de 300.000 habitantes y está causando daños irreparables al ambiente.

He conversado este asunto con el concejal Roberto Rojas y con un grupo de abogados y todos coincidimos en la necesidad de darle una vuelta legal a esta irregularidad porque está demostrado que las protestas vecinales le resbalan a Garcés y hay que obligarlo a que cumpla con su trabajo aunque sea por la vía jurídica; pero estamos conscientes que habría que superar el obstáculo que las autoridades judiciales a los que se le solicite el recurso tengan la valentía de actuar como las de Maracaibo y que no permitan que las presiones políticas les impidan realizar las actuaciones pertinentes, como seguramente lo intentarán los interesados. Veremos…

COMO EN CUBA, PERO PEOR. La instauración de la tarjeta electrónica de racionamiento que acaba de anunciar Maduro para los productos que se adquieren en Mercal y Pdval, tiene tres lecturas inmediatas: es un signo inequívoco del fracaso de la política agroalimentaria del gobierno nacional porque la escasez está llegando al 30%, refleja la influencia de Cuba en los asuntos internos de Venezuela porque en la isla caribeña el control de la venta de productos lleva 50 años y nos indica que se agotaron los recursos para seguir importando el 70% de los que consumimos. Lo que hacía falta era formalizar oficialmente una decisión que ya tiene funcionando cerca de 15 años en el país, en la práctica.

TOMA TU TOMATE. A propósito de la solicitud que hiciera el embajador de Panamá ante la OEA para que se debatiera en su seno la crisis política de Venezuela, se generó una guerra de insultos que amenaza con destapar escándalos financieros que sospechábamos que existían pero que no teníamos la certeza de una versión oficial. Maduro no sólo rompió relaciones diplomáticas y comerciales sino que amenazó con no pagar la deuda de más de 1.000 millones de dólares que tiene el gobierno venezolano con los empresarios panameños de la Zona Libre de Colón, porque el Presidente Martinelli estaría cobrando una comisión del 20% para diligenciar el pago. El pasado 10 de marzo, el Diario Contraste.com de Panamá citó al Ministro de la Presidencia de allá, Roberto Henríquez, quien ripostó con  “Maduro habla de corrupción, cuando sus funcionarios ocultan aquí las fortunas que han robado en su país” y que “ha puesto a Venezuela al servicio de un grupito que es el que lo apoya, que controla al país a través de las armas y mucho de ese dinero está en el centro bancario panameño”. A lo que hemos llegado cuando noticias de esta magnitud pasan por debajo de la mesa…

UN YO CON YO POLITICO. Debido a la mala imagen internacional del gobierno de Maduro a propósito de la cruel represión contra las manifestaciones pacíficas se activó un lobby exterior para mejorarla que comenzó por UNASUR, organismo que le dio un espaldarazo automático. Un dato: 11 países de los 12 que la integran son “chulos” de nuestro petróleo y es una institución creada por el finado Chávez. Por qué sabotearon el debate en la OEA o han descartado ir a la ONU?. Es fácil la respuesta…

EFECTO “MARCHA”. He observado que así como la gente se mete en cualquier cola con la esperanza de conseguir un producto de consumo, también hay quienes salen de sus casas dispuestos a participar en cualquier marcha que se consigan en el camino aunque tengan otro destino original. No les importa quién las convocó, pero hay personas que andan con sus gorras, banderas o pitos para que una manifestación pacífica no los agarren desprevenidos. Se trata de un fenómeno de comportamiento colectivo, propio de estos tiempos. Los psicólogos sociales lo llaman “el efecto marcha” y es una de las razones de por qué cada manifestación se convierte repentinamente en multitudinaria, aunque la convocatoria pública no sea debidamente informada por las redes sociales. Como dice mi querida amiga Margly García: la gente quiere calle y le está pasando por encima a los actores políticos.

SABOTEO IRRACIONAL. El gabinete sectorial que acaba de hacer el gobernador Capriles en el callejón San Felipe Neri, en El Vigía, estuvo a punto de ser suspendido porque unos inescrupulosos cortaron la electricidad en el barrio y además hubo un desadaptado que puso un sonido tan alto que impedía oír los anuncios sociales que el gobierno regional tenía para los vecinos; pero la propia comunidad le puso un parao y le ordenó que apagara el aparato. Esta denuncia es pertinente para que no sigan pasando estos intentos de saboteos en otros gabinetes, porque la tirria política contra Capriles no puede afectar a las comunidades necesitadas.

 

Sergio Graffe

Politologo

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