Este martes los abogados José Amalio Graterol, Thelma Fernández y Tomás Arias, en representación de la diputada María Corina Machado, acudieron a la Fiscalía General de la República, con el objetivo de introducir una denuncia contra los conductores del programa «Zurda Konducta», transmitido por Venezolana de Televisión (VTV): Pedro Carvajalino, Oswaldo Rivero (Cabeza e Mango) y Ricardo González.
Graterol aseguró que estos tres ciudadanos cometen un delito al transmitir en su programa, la grabación de una llamada privada que sostiene la diputada María Corina Machado con el profesor Carrera Damas. «Estos tres ciudadanos desde su programa, el pasado sábado 15 de marzo, transmitieron una comunicación privada, lo que constituye un delito y la violación del artículo 21 de la Ley de Telecomunicaciones y el 48 de la Constitución Nacional, que establece la privacidad de las comunicaciones de todas las personas», expresó.
Los abogados recordaron a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que de conformidad con el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), «no puede ser utilizado como elemento de convicción, ninguna prueba obtenida de forma ilícita, como pasa en este caso, para iniciar una investigación en contra de una diputada de la República, por cierto, la más votada del país», aseguró Amalio Graterol.
El abogado reiteró que el artículo 48 de la Constitución, establece las garantías en el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas y que éstas no podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente. Al respecto, Graterol señaló: «Es evidente que en el caso de la diputada María Corina Machado, no hay ninguna orden de ningún tribunal que le haya permitido a estos tres ciudadanos, cometer el delito de intervenir sus comunicaciones y transmitirlas por medios del Estado. Conversación que por cierto, no denota ningún tipo de delito».
En este sentido, Granterón aseguró que los elementos que presentaron ayer por los diputados oficialistas ante el Ministerio Público, para solicitar un antejuicio de mérito contra la diputada María Corina Machado, no proceden, ya que fueron obtenidos de manera ilícita. «Es evidente que la Fiscal no puede utilizar elementos de convicción que se han obtenido de forma ilícita, para solicitar un antejuicio de mérito en el Tribunal Supremo de Justicia, con el objetivo de allanarle la inmunidad parlamentaria a la diputada Machado», finalizó.
