Protestar pacíficamente es un derecho ciudadano consagrado en ella, mientras que reprimir con armas y lacrimógenas está expresamente prohibido
Cipriano Heredia S./ Twitter: @CiprianoHeredia
Aquel domingo 02 de febrero, cuando un nutrido grupo de ciudadanos nos dimos cita en la Plaza Brión de Chacaíto convocados por la valiente diputada María Corina Machado, el fogoso exalcalde Leopoldo López, el veterano dirigente Gabriel Puerta, el incansable Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma y buena parte de la dirigencia estudiantil, nuestro propósito era darle inicio a una serie de asambleas para medir el sentir ciudadano respecto a la terrible situación nacional que atravesamos y determinar las acciones pacíficas de calle a emprender para manifestarnos legítimamente. Todo ello además siempre en el marco de la Constitución, como bien lo explicaron todos los oradores de ese día.
Dos días más tarde, sin embargo, se registró un intento de violación a una joven estudiante en Táchira que generó una inmediata protesta en esa entidad, y pocos días después, el 12 de febrero, los jóvenes decidieron celebrar su día con una multitudinaria marcha hacia la sede del Ministerio Público en Caracas. Esta actividad, la cual fue apoyada también por Henrique Capriles, el resto de los factores de la Unidad y diversos sectores de la sociedad, arrancó, transcurrió y culminó en paz. Pero una vez que nos habíamos retirado buena parte de los asistentes y la dirigencia política, el Sebin y grupos paramilitares oficialistas irrumpieron por una esquina adyacente y abrieron fuego de manera irresponsable, causando las muertes del estudiante Bassil Dacosta y del dirigente de “colectivos” Juan Montoya. Horas más tarde, otro joven, Robert Redman, es también asesinado en las calles de Chacao.
Con estas innecesarias y desgraciadas muertes el Gobierno y sus grupos armados tocaron la fibra de los estudiantes y de la ciudadanía en general, generándose una ola de protestas que se han extendido hasta el sol de hoy, y cuya represión ha dejado un saldo -a la hora de terminar este artículo- de 28 fallecidos, centenares de heridos y más de 1500 detenciones, récord histórico en un solo mes en Venezuela.
Dicho esto cabe preguntarse si la razón para que estas protestas se mantengan después de un mes, obedece sólo a la indignación producida por las muertes del 12F y la brutal represión desatada por el Gobierno, o si hay otras razones que lo expliquen. La respuesta a esto nos luce obvia: la protesta no sólo se mantiene sino que se ha extendido hacia el resto del país y encontrado eco en sectores populares porque todo el mundo tiene un motivo válido para protestar ante un Gobierno ineficaz, corrupto y dictatorial que ha acabado con las instituciones democráticas y nos ha hundido en la más grave crisis socio-económica de nuestra historia.
Es así como quien no protesta por el cerco mediático, la represión desmedida o la destrucción institucional, lo hace por los efectos ineludibles de la inflación más alta del mundo, ya que con el sueldo cada vez se compra menos; o porque sufre las limitaciones que genera el índice de escasez más elevado de la historia y no encuentra leche, azúcar, harina o papel tualé en los mercados; o porque simplemente no aguanta la impotencia que se siente en el segundo país más violento del planeta, y no quiere seguir perdiendo a diario a familiares y amigos en manos de la delincuencia desbordada. Es decir, hay demasiadas razones para protestar en la Venezuela de hoy en día.
Desde esta tribuna tomamos nuevamente distancia de la violencia y los actos vandálicos. No sólo porque los rechazamos por naturaleza y van en contravía del camino pacífico que promocionamos, sino porque además hay suficientes elementos que nos permiten afirmar que muchos de ellos han sido promovidos desde el Gobierno para empañar la protesta legítima de los estudiantes, vecinos, sociedad civil y dirigencia política.
De igual forma, reitero que toda nuestra lucha se enmarca dentro de la Constitución. Protestar pacíficamente es un derecho ciudadano consagrado en ella, mientras que reprimir con armas y lacrimógenas está expresamente prohibido. Así también considero que, si esta crisis multifacética sigue escalando y queda totalmente evidenciado que el Gobierno es incapaz de superarla por distintas razones, pasaría a ser totalmente válido -y hasta conveniente-, exigir la renuncia del Presidente y que se siga la ruta establecida en nuestra Carta Magna para este caso, garantizándose así un resultado democrático para beneficio del país.
A este último tema, que es sin duda medular, le dedicaremos nuestra próxima entrega. Mientras tanto, la protesta pacífica continúa… y no parará.
* Diputado al Consejo Legislativo de Miranda y Subsecretario Gral. de ABP
