Ángel Rafael Lombardi Boscán
La represión es injustificable y la condenamos. Arribamos a 34 días de protesta, 28 muertos y 1.516 heridos sin contar con las abundantes denuncias de torturas y maltratos sobre los detenidos a los cuales no se les sigue el debido proceso de acuerdo a las leyes.
Los poderes públicos, arrodillados al Ejecutivo, son cómplices de la represión del Estado venezolano sobre la sociedad y ciudadanía que protesta al mal gobierno.
La doctrina liberal, en la cual se inspira nuestra Constitución vigente, parte del presupuesto que el Estado de Derecho se caracteriza por tener: “todos los mecanismos constitucionales que impiden u obstaculizan el ejercicio arbitrario e ilegitimo del poder y dificultan o frenan el abuso, o el ejercicio ilegal”, tal como lo señala el reputado politólogo Norberto Bobbio.
Esos mecanismos que la sociedad se crea para resguardarse del Estado y sus desviaciones y abusos desde el poder son: 1. El control del Ejecutivo por parte de su Asamblea o Parlamento. 2. El control del parlamento por parte del TSJ. 3. Autonomía del gobierno local respecto al gobierno central, y 4. Un poder judicial independiente del poder político.
Como es obvio, en Venezuela esto no ocurre. Las instituciones han sido socavadas por el PSUV, el partido en el gobierno, y la legalidad vigente se manipula groseramente desde una lógica distante al espíritu de la Constitución. La proclamada “Revolución” en curso es un atentado al marco de derecho y estamos en presencia de una usurpación del gobernante en contra de su propio pueblo.
Nuestra Constitución también es clara en señalar el derecho a la resistencia civil (Art. 333 y 350), algo que las universidades, colegios profesionales, medios de comunicación independientes, la Iglesia, los intelectuales y artistas, ganaderos, empresarios, amas de casa, sindicatos, trabajadores, partidos políticos y hasta militares han entendido que forma parte de una responsabilidad colectiva y de un compromiso histórico ineludible como venezolanos. Sólo que nuestra “resistencia” tiene que ser pacífica, desarmada y civilizada. Nuestros argumentos son las ideas, la razón y la búsqueda del dialogo y el acuerdo: todo dentro de la Constitución nada fuera de ella.
Los radicales e impetuosos que desde una angustia y rabias desmedidas otean el camino de los atajos históricos poniéndose al lado de una violencia irracional y trágica, les tratamos de comprender, aunque nunca podré acompañarles. Estamos del lado de la protesta pacífica y no violenta que convierte la calle en escuela de la Democracia y sus derechos desde la desobediencia y resistencia civil.
La disidencia política hoy la estamos ejerciendo ante un gobierno cuya naturaleza autoritaria ha quedado al descubierto. Lamentablemente, los ciudadanos no tumbamos gobiernos desde nuestros deseos y protestas. No obstante, la rebelión civil en curso, es un estruendoso llamado de toda una ciudadanía a que el gobierno rectifique y se ponga a derecho o que permita una transición pactada hacia la formación de un nuevo gobierno
