En esta Venezuela de hoy donde todo funciona al revés, el insólito caso de la investigación del asesinato de la periodista Adriana Urquiola, no sólo nos conmueve sino que nos indigna, porque el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, lejos de estar haciendo esfuerzos por atrapar al homicida, gasta sus energías en tratar de averiguar cómo los periodistas lograron identificar al asesino, cómo salieron a relucir sus vínculos políticos y de qué manera el Estado Revolucionario lo puso en libertad, cuando cumplía una condena que superaba los 29 años de prisión.
La información publicada por nuestro diario que un sujeto perteneciente a los grupos oficialistas era el responsable del homicidio de la periodista, recibió una rápida respuesta del Alcalde de Los Teques, Francisco Garcés, quien negó que el asesino perteneciera al chavismo. Pero ya el trabajo acucioso de nuestros periodistas había develado la identidad del homicida, el vehículo en el que andaba y el calibre que le quitó la vida a la joven y a la criatura que tenía en sus entrañas.
Ahora la inusitada celeridad del CICPC no es para atrapar al indiciado, sino para descubrir cómo los periodistas tuvieron acceso a una información que deja al descubierto que delincuentes procesados salen libres sin cumplir su condena para ponerse al servicio de la violencia gubernamental.
Nuestros periodistas han sido citados a la delegación del cuerpo detectivesco e interrogados sobre las informaciones publicadas, cuando los investigados deberían ser los que conociendo al sujeto de marras le permitieron escapar.
Así concilia sus labores el CICP con la censura a los medios, vulnerando el derecho constitucional a informar.
El Editor
José Materán Tulene
