Luis José Semprum
En los últimos años, se han hecho varios intentos de acusar al gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, los cuales han fracasado ya sea porque el Estatuto de Roma no estaba vigente todavía (caso 11 de abril de 2002), porque no se cumplieron los requisitos procedimentales, o porque Chávez fue lo suficientemente astuto como para llevar a cabo sus acciones de una manera no tan abierta.
Pero luego del 12 de febrero de este año, no existe ninguna posibilidad de que Maduro y sus colaboradores puedan escapar de la justicia internacional. Maduro se ha manejado de una forma tan torpe, tan desenfrenada, tan evidente, que él mismo rellenó su propia planilla de confesión ante la Fiscalía de La Haya.
El artículo 7 del Estatuto de Roma establece como crimen de lesa humanidad “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, y seguidamente señala: asesinato, tortura, violación, persecución y detención ilegal, entre otros (http://to.ly/tSvm).
Si solo se toma en cuenta el caso del estado Táchira, ya se han cometido todos estos delitos; y se ha hecho de forma generalizada y sistemática contra una población civil indefensa. Maduro ni siquiera tiene la astucia de esconder las barbaridades que comete, sino que se jacta de ellas públicamente y hasta las anuncia por televisión, para que quede bien registrado ante cualquier tribunal internacional.
Tomemos por ejemplo estas declaraciones, difundidas a través de YouTube: “Si tengo que decretar un estado de excepción especial para el Táchira, estoy listo para crearlo, y meter los tanques, las tropas, la aviación, meter toda la fuerza militar de la patria, porque el Táchira nosotros vamos a preservarlo… estoy dispuesto a todo por el Táchira” (http://youtu.be/urw6wgJ7efA). En medio de su euforia, a Maduro se le olvidó un pequeño detalle: el Táchira no es un teatro de operaciones de guerra sino una población civil desarmada.
Si a esto se le suma las violaciones perpetradas en todo el país, cabalmente documentadas por el Foro Penal Venezolano y demás organizaciones de derechos humanos, no cabe duda que la Corte Penal Internacional deberá activarse pronto contra todos aquellos que participaron en estos delitos.
Para quienes forman parte del Gobierno, éste es el momento de meditar muy bien si van a acompañar a Maduro hasta la puerta del cementerio, como dice el dicho popular, o si se van a enterrar con él. Lo mismo aplica a los aliados internacionales de Maduro, deben reflexionar si van a seguir avalando los delitos de lesa humanidad que comete el gobierno venezolano, o si van a proteger sus propios intereses.
