La ola de protestas que ha tenido lugar en el país desde el mes de febrero suma 3 mil 118 detenidos, según las cifras manejadas por la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano.
Alfredo Romero, director del ente conformado por 100 abogados en todo el país y más de mil activistas de derechos humanos, calificó la situación en un programa radial como “injusta”, acotando que para la fecha permanecen 120 personas detenidas, siendo la mayoría estudiantes.
A la privación –para muchos ilegítima- de libertad se le suma el hecho de que estos aprehendidos han sido enviados a cárceles comunes, en lo que Romero denomina “un castigo al manifestante”.
Tal fue el caso de las recientemente liberadas, Delibeth Briceño – apresada cuando se trasladaba en un taxi hacia el campamento de la resistencia ubicado en Las Mercedes-, y Jennifer Jaramillo, quienes permanecieron varios días recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en la capital mirandina, donde precisamente tuvo lugar una protesta – y traslados- por la muerte de una interna que presuntamente no recibió atención médica oportuna.
Para Romero, un privado de libertad, sea quien sea, sin suficientes evidencias, no debería ser objeto de una “detención injusta” y mucho menos víctima de maltratos a manos de quienes deberían velar por el cumplimiento de la ley.
Agredidos y detenidos
Los Altos Mirandinos no escapa a esta realidad y han tenido lugar al menos 80 detenciones entre los municipios Los Salias -primero en iniciar la jornada de manifestaciones el 11 de febrero con el cierre parcial de un canal del kilómetro 15 de la carretera Panamericana-, y Carrizal, específicamente en la urbanización Montaña Alta, donde la colocación de barricadas ha activado a efectivos castrenses y provocado el cierre de la vía expresa en al menos 5 ocasiones.
Dos relatos que conmovieron a la opinión pública local fueron los de Moisés David Guánchez Díaz (19), sacado a rastras por uniformados del centro comercial La Cascada y Luis Alberto Gutiérrez, apresado en San Antonio de los Altos.
Al primero le propinaron cinco perdigonazos, ruletearon y una vez en el Hospital Victorino Santaella (HVS), amenazaban a los médicos para que no lo atendieran y muriera desangrado, orden que fue ignorada por los galenos, quienes le salvaron la vida a riesgo de la suya propia.
Sin embargo, eso no lo eximió del castigo de la ley. Un tribunal fue instalado en su habitación para imputarle varios cargos, entre ellos daño a la propiedad pública e incluso el hurto de dos motocicletas.
Ya en casa bajo reposo y tras demostrar gracias a unas fotos que iba saliendo del trabajo cuando fue abordado por los militares, hace seguimiento a su caso, pues según denunció su madre, Mónica Díaz, su cédula de identidad nunca fue devuelta. Por este suceso la Fiscal General de la República anunció la apertura de una investigación a los militares vinculados al hecho, pero de eso nada se sabe.
Similar infortunio corrió Luis, quien tras recibir un patada en el rostro tras ser alcanzado en San Antonio debió ser operado. Pese al maltrato que sufrió y del cual hay evidencia, también es investigado y quedó bajo régimen de presentación cada 45 días luego de que le imputaran resistencia a la autoridad, instigación a delinquir, daño del bien público -por caso del conductor de Metrobús que transitaba por la Panamericana y quiso seguir el paso pese a la presencia de manifestantes, quienes enardecidos rompieron el vidrio de la unidad- y obstrucción de vialidad.
Lucha que persiste
Romero explicó que hasta el pasado viernes hubo 53 liberaciones lo que rebajó la cifra de detenidos. “Hubo 21 liberaciones en Bolívar y en Caracas 22 para sumar 53 personas libres. Hasta ese momento 47 se encontraban en cárceles comunes y todavía se encuentran cerca de 20 personas apresadas”, situación que espera cambie en el transcurso de las próximas horas.
Johana Rodríguez – [email protected]/@michellejrl
