El conjunto de políticas públicas que se aplican en Venezuela no permiten que muchos trabajadores se inserten en el mercado formal para producir bienes y prestar servicios, y esto trae como consecuencia que para las familias sea más difícil sostener un ingreso, lo que agrava el tema del trabajo infantil en nuestro país.
Durante la Mesa de Análisis «Trabajo infanto-adolescente y economía informal. Una mirada desde lo rural a lo urbano», organizada Observatorio Económico Legislativo de CEDICE Libertad, expertos en el tema coincidieron en que los valores en la familia y una educación integradora, permitirá mantener a los hijos en el sistema educativo para que no deserten de las actividades escolares en la búsqueda de un empleo.
Lisbeth Cordero, coordinadora del proyecto contra el trabajo infantil y el respeto de los derechos laborales de los Adolescentes que lleva la fundación Santo Domingo en alianza en alianza con Cedice y Atraem, afirmó que existe un vacío en la Lopnna y en las acciones que se le atribuyen al sistema rector de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. “No hay medidas de protección especificas establecidas para los menores que trabajan en la economía informal y que por lo tanto se somete a mayores riesgos. Además aunque se conoce la existencia de la Ley, se desconoce su contenido en materia de protección laboral tanto en la ciudad y mucho más en el campo”, dijo.
Expresó que es indispensable el compromiso nacional y de los gobiernos locales para la creación de espacios dignos donde los trabajadores de la economía informal puedan dejar a sus hijos para que jueguen y estudien. “Mientras ellos se ganan el pan diario urge asumir acciones que busquen realmente resolver el problema de la pobreza, el cual obliga a muchos niños minas y adolescentes a trabajar para poder sobrevivir “.
Por su parte, Rubén Loaiza, Defensor del Consejo de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes del Municipio Chacao consideró que los Consejos Comunales no tienen la capacidad de atender al mismo tiempo todas las atribuciones que las leyes establecen en materia de seguridad, salud y educación, porque los están “saturado” en sus funciones. “Lo que pasa es que toda la estructura legislativa del país en los últimos 10 años le ha asignado competencia a los Consejos Comunales. Son 28 instrumentos jurídicos que le concede a cada uno competencias diferentes al mismo Consejo Comunal sobrepasando su propia capacidad”, subrayó.
Consideró que los Consejos Comunales no tienen la capacidad de atender al mismo tiempo todas las atribuciones que las leyes establecen en materia de seguridad, salud y educación, porque los están “saturado” en sus funciones. “Lo que pasa es que toda la estructura legislativa del país en los últimos 10 años le ha asignado competencia a los Consejos Comunales. Son 28 instrumentos jurídicos que le concede a cada uno competencias diferentes al mismo Consejo Comunal sobrepasando su propia capacidad”, subrayó.
Fernando Blanco, representante del Centro de Investigación Social (CISOR), indicó que uno de los factores importantes para entender todo lo que rodea el trabajo del niño y el adolescente tiene que ver con la relación entre estudio y trabajo, “en una investigación logramos identificar que los muchachos que peor salían en su escolaridad, los que más repetían eran los que salían de clases y en su tiempo extra escolar estaban en ocio absoluto y los que trabajaban horas en exceso. Los que mejor salían eran los que realizaban actividades extra escolares como deporte, música y los que participaban en actividades productivas hasta 16 horas por semana”.
A su juicio, debería promoverse en la ley una reducción de las horas laborales para los jóvenes entre 14 y 15 años, “por lo menos ponerle un umbral de 20 y no 30 horas de trabajo para que puedan estudiar”. El otro elemento, apuntó Blanco, es que las escuelas rurales y las que están en sectores populares no brindan las mismas herramientas ni competencias que los sectores de mejores recursos. “La escuela con capacidad, con recurso humano, que promueve la calidad educativa, es la que mejor contrarresta los problemas que están en el entorno comunitario como drogas, delincuencia, violencia, etc. Es necesario promover reformas educativas en las escuelas que tiendan a mejorar la capacidad n la calidad educativa y desarrollar el recurso humano, de las escuelas rurales y de los sectores populares.”.
Margioli Rodríguez, Consejera de Protección de Niños y Adolescentes del Municipio Sucre, señaló que si bien es cierto que el ideal es que los niños y adolescentes no trabajen, estén en sus casas, dedicados al estudio y los padres a cargo de su manutención, “la realidad nos indica que muchos adolescentes deben salir a trabajar por un interés económico”.
Explicó que desde el Consejo de Protección sólo se autoriza al niño a trabajar si se trata de trabajos artísticos o culturales, “y se hace bajo una medida de protección porque se le hace un expediente donde queda registrado que ese niño va a hacer ese tipo de trabajo. No se justifica los casos de niños que son explotados desde muy temprano para pedir dinero, vender flores, etc. ya que se les está quitando una etapa de su vida de esparcimiento y descanso”.
Nota de Prensa
