Una nueva ola de agresiones contra los trabajadores de la prensa independiente y el derecho a la información de los venezolanos, buscaría aliviar el impacto que, según el periodista y diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Ángel Rodríguez, tendrá la inminente aplicación de un «paquetazo de medidas económicas» en tiempos de enorme dificultad para que la familia venezolana sobreviva a los embates de la inflación y el desabastecimiento.
«Si ya la canasta alimentaria está por encima de los 12.000 bolívares porque en un año se incrementó en más del 96 por ciento. Si ya el salario no alcanza y la paciencia se desborda lamentablemente hasta episodios de violencia en las colas generadas por el tremendo desabastecimiento; imaginemos el efecto del aumento de la gasolina, de las nuevas tarifas por los servicios básicos, de los nuevos impuestos y sobre todo, de otra maxidevaluación disfrazada del término unificación cambiaría. Frente a esa promesa de dolores el gobierno busca desesperado el silencio de la prensa y el cambio de información fidedigna por las nuevas historias propagandísticas que deben estar preparadas».
En esa intención, dice Rodríguez, la bancada del Psuv en la Asamblea Nacional, aprobó al Ministerio de Comunicación e Información a finales de julio, créditos adicionales por cerca de 2000 millones de bolívares fuertes, que es un monto para añadir a los cerca de dos millardos en que se valoran las 120 horas y 51 minutos de los «encadenamientos» presidenciales desde enero hasta agosto y que podrían incrementarse vertiginosamente cuando » Maduro imponga su prometido sacudón».
«La presentación de un proyecto de ley de comunicación social, la apertura de nuevos procedimientos administrativos a Radio Caracas Radio, la suspensión del programa de Nitu Pérez por parte de Conatel, el despido de tradicionales articulistas y las voces que alzan redactores y reporteros contra la censura que les agobia en medios que hace poco cambiaron de dueños; son recientes eventos que de nuevo encienden todas las alarmas en torno al derecho humano de libertad de expresión, libre acceso a la información y ejercicio profesional del periodismo».
El parlamentario recuerda que esta «conspiración contra la verdad» está precedida por centenares de agresiones físicas, judiciales y económicas, vividas por los periodistas y sus empresas de adscripción en la cobertura de las protestas sociales de 2014. Ahora, sostiene, la escasez de alimentos, de medicinas, de repuestos, de atención médico hospitalaria, de pasajes, de artículos de aseo (…) es más dramática y el efecto del «paquetazo será de tales dimensiones, que la apuesta del gobierno se orienta a sembrar su mentira, seguramente para inculpar a sus adversarios políticos de los males que han traído 15 años de destrucción de la República».
Pide Rodríguez prestar especial atención al instrumento llevado por el empresario oficialista Gastón Guisandes a la AN bajo el título de anteproyecto de ley de la comunicación social. «Como quiera que vivimos un tiempo en el que periodista profesional que incomode mucho, o es suspendido por el gobierno, o es callado por algunos patronos; puede estarse gestando la máquina de substitutos, amparada por la violación de la Constitución y las leyes, que obligan en Venezuela a ser licenciado en Comunicación Social, para acometer la noble labor de buscar, procesar y difundir información»
