Cuando he insistido en la obligación moral y política, más que legal, que tiene el alcalde Garcés de aclarar a los ciudadanos de Guaicaipuro si vive en este municipio, algunos dirigentes locales del Psuv han querido banalizar esta inquietud argumentado que “no importa donde se vive sino donde se lucha” en un intento por distorsionar el pensamiento original de El Libertador Simón Bolívar referido a sus hazañas independentistas fuera de Venezuela, cuando lo que está planteado es que “la importancia de vivir donde se gobierna”, y viceversa; pero mi insistencia sobre este tema no obedece a un capricho personal o porque me interese conocer si el alcalde vive en una mansión en el este de Caracas o en un ranchito de cuatro tablas en el oeste, sino por cuatro consideraciones relevantes.
La primera es que es absolutamente imprescindible que una autoridad electa popularmente, indistintamente de si el cargo es ejecutivo o legislativo, tenga identificación histórica y cultural con los ciudadanos y el lugar geográfico donde ejerce sus funciones porque esa condición genera apego afectivo y compromiso político-moral para ser más eficiente en su desempeño como autoridad.
La segunda es que, si fuese el caso de Garcés, la gestión de gobierno la realizaría por una obligación legal y no por un compromiso moral como ordena la mínima ética ciudadana, porque al culminar el mandato se marcharía del municipio y ni siquiera se le podrá hacer reclamos por su mal desempeño o felicitarlo si lo hizo bien, ya que no lo volveríamos a ver jamás por estos lares.
La tercera, es que es una falta de respeto con los guaicaipureños que Garcés use la Alcaldía como “su oficina de trabajo” a la cual sólo asistiría a cumplir un horario diurno los días hábiles de la semana cuando la responsabilidad es a tiempo completo, y por la cual recibe mensualmente siete salarios mínimos como manda la ley de Emolumentos.
Y la última, de igual o mayor importancia que las tres anteriores por sus implicaciones administrativas, es que si Garcés no viviese en Guaicaipuro como insiste en no aclarar, es de suponer que no paga impuestos relacionados con actividades económicas o como ciudadano residente, tal cual sí lo hacemos los que vivimos aquí y eso constituye un esquema propio de la Edad Media cuando el Rey administraba los tributos de la plebe; pero que él no los cancelaba sino que los regentaba a su libre albedrío, y eso sería una humillación inaceptable aunque le dé un uso correcto a los recursos.
¡CUBANOS AL PODER¡. El martes pasado, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo al médico cubano Joel Piferrer por supuestamente sustraer insumos médicos del Hospital Victorino Santaella, de Los Teques, del cual era el Sub Director General; luego un tribunal de control ordenó su reclusión y, al parecer, a los tres días fue dejado en libertad (hasta el jueves cuando escribo esta columna, era sólo un rumor). Sobre este caso, hago cinco reflexiones. 1). Me causó sorpresa “el cuarenteo comunicacional” de algunos medios al “olvidar” reseñar la pública relación afectiva de este ciudadano con la diputada regional del Psuv, Wisely Álvarez, que fue investigada por la Contraloría Municipal de Guaicaipuro por supuestos manejos irregulares de recursos públicos cuando fue concejal y Presidenta del Concejo Municipal en 2.011 y sobre lo cual no se supo más nada. 2). No se explica cómo un médico que debía estar en el “barrio adentro” atendiendo los módulos asistenciales de los sectores populares, haya sido designado en un cargo de alta gerencia médica. 3). Los organismo competentes deberían investigar si esta situación dolosa se estaría repitiendo en el resto de los 18 grandes hospitales de Miranda (y del país), porque no hay derecho a que mientras los venezolanos estamos pasando por una grave escasez de medicamentos, existan extranjeros que los estarían sustrayendo con fines inconfesables. 4). Me cuentan que el argumento de defensa usado por este médico cubano para lograr su libertad fue que lo sustraído del Victorino Santaella era para llevarlo a los CDI de los sectores pobres de Los Teques, ante lo cual no habría más “remedio” que hacerle un reconocimiento de héroe. 5). Al parecer el Sebin tenía diez meses investigando a este señor, lo que hace suponer que había recabado suficientes pruebas en su contra y que además serían las usadas por el tribunal para ordenar su reclusión; pero aún así, quedó libre (si fuese así). Es tan grande el poder que tienen los cubanos en este país que logra que se impongan criterios políticos sobre procedimientos judiciales y de organismos de inteligencia del Estado para que actúen con impunidad?. Si este médico fuese venezolano y de la oposición, correría con la misma suerte?.
CONSEJOS COMUNALES EN CRISIS. La oposición cometió un inexcusable error estratégico cuando decidió no participar en las elecciones de la primera avanzada de los consejos comunales en el país y este desliz político permitió que la mayoría de estas estructuras de organización popular fuesen copadas por dirigentes sociales vinculados con el oficialismo; con lo cual se fue gestando un proceso de democratización de la corrupción facilitado por la laxitud de leyes relacionadas con el control en el gasto de los recursos financieros provenientes del poder central y en este momento un considerable porcentaje de consejos comunales están en crisis operativa y muchos de sus integrantes son rechazados por sus propios vecinos, precisamente, porque no rinden cuenta de forma transparente. He estudiado el caso del municipio Guaicaipuro y me consta que existe un consistente desplazamiento de ese desgastado liderazgo comunal por otro emergente en cada nueva elección que se realiza, y es el motivo por el cual se observa un saboteo permanente por parte de las instituciones relacionadas con el funcionamiento de los consejos comunales porque no convocan los procesos electorales en el tiempo oportuno, no le dan celeridad a la certificación formal cuando son ganados por líderes distintos al oficialismo, los que pierden introducen recursos de nulidad que son atendidos diligentemente, no validan los nuevos proyectos comunitarios o, en última instancia, asignan los recursos a estructuras políticas paralelas como las Salas de Batalla cuando lo legal es que sean administrados por el consejo comunal electo, como está sucediendo en Variantes de Guayas.
Sergio Graffe / Politologo