Ante la emisión del decreto presidencial 1.348, publicado en la Gaceta Oficial 40.526 que regularizaría la labores de la buhonería se pronunció la Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios (Atraem) considerado que el objetivo del Gobierno es el de acabar con el trabajo de millones de venezolanos que procuran su sustento a través de la comercialización de productos alimenticios y de otros rubros. Asimismo expresaron que la economía informal podría recibir severas penas que llegarían hasta 14 años de reclusión.
Alí Poveda, abogado y directivo de Atraem, explicó que el decreto caracteriza a los trabajadores de calle como mafiosos y que su actividad comercial es altamente especulativa, ocasionando la exclusión total de este sector como actor económico en el país. “El Gobierno los suprime para liberarse de la responsabilidad y la obligación de Mercal de distribuirle estos productos e integrarlos de este modo a la red distribuidora de alimentos de primera necesidad, lo cual redundaría en beneficio para los consumidores, por la cercanía y costos del producto, con toda seguridad disminuiría la extensión de las colas”, dijo.
Poveda señaló que a pesar de no ser considerados como actores comerciales se le aplican las graves sanciones que están contenidas en la Ley de Costos y Precios Justos, estas incluyen el decomiso de la mercancía, multas exorbitantes y hasta penas de cárcel. “Están expuestos a la aplicación de leyes que derivan de 30 ilícitos entre sustantivos y genéricos, destaca la pena de prisión entre 2 y 14 años, de acuerdo al delito cometido. La más grave, como el de contrabando de extracción, el boicot y la desestabilización económica será de 14 años, además podrán ser objeto de multas que van entre 200 y 50.000 UT”.
El abogado especialista en materia laboral afirmó que con este decreto el Presidente Nicolás Maduro viola la Constitución en sus artículos 87 y 112, que especifican el derecho al trabajo y la libertad de comercialización de productos. “Más de un millón y medio de personas que laboran en la economía informal en toda Venezuela se quedarían sin su sustento, asimismo consideramos que bodegas de los barrios y mercados a cielo abierto también se verían afectados por este nuevo decreto el que consideramos inconstitucional”, expresó.
“La solución está en la unión de los trabajadores informales y la apuesta al diálogo”
Reiteró desde Atraem la necesidad de solicitud de dialogo con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDEE) y el llamado a los trabajadores a fortalecer la actividad gremial, por encima y más allá de las diferencias y las especificadas de oficios, rublos y opinión o credo, “No hay argumento, razón o explicación alguna para no actuar coordinada y unitariamente ¡Unidad de Acción Para defender Nuestro Derecho Al Trabajo!”.
