El desentendimiento del Ministerio de Prisiones para otorgar los cupos de los traslados de los detenidos a los centros penitenciarios del país, ha generado que las Salas de Guardia y Custodia de la Policía de Miranda, hayan alcanzado una alarmante cifra de aprehendidos, lo que preocupa al componente policial estadal, por la posibilidad latente que se produzcan motines o fugas masivas, ante las condiciones infrahumanas que padecen los recluidos debido al hacinamiento.
Así lo dio a conocer el director – presidente del cuerpo de seguridad regional, comisario general Elisio Guzmán Cedeño, quien informó que totalizan 175 privados de libertad, 35 más de la capacidad máxima para la que fueron diseñados los calabozos del organismo, por lo que reiteró su llamado al ente ministerial a que apruebe el traslado de los detenidos, que de acuerdo con las fases en las que se encuentran sus causas, ya deberían estar en las cárceles nacionales.
“Tomando en cuenta la etapa en las que son procesados y lo que establece la ley, deberíamos tener solo cuatro personas en nuestras salas. En cambio, tenemos una aglomeración de aprehendidos (175), en permanente riesgo de fuga y propensos a agredirse entre sí o a nuestros oficiales, por lo que representa tener que convivir en escasos espacios, sin ningún tiempo de esparcimiento o reinserción social, todo ello debido a la falta de compromiso por parte del Ministerio de Asuntos Penitenciarios para otorgarles sus traslados”, dijo.
Guzmán detalló que en la sede de la Comandancia General afrontan el mayor hacinamiento, pues cuentan con 58 aprehendidos, cuando el límite para dicha área es de 30 personas. La misma situación se repite en los Centros de Coordinación Policial de Charallave y Santa Teresa del Tuy, donde exceden la cifra de apresados por nueve, mientras que en la sede de Caucagua hay siete detenidos de más.
“Cuando hay tantas personas en espacios reducidos, la situación se vuelve hostil y es allí cuando ellos, queriendo dejar de padecer ese tipo de encierro, comienzan a fraguar su libertad a toda costa. El hacinamiento existe pese a estar por debajo o igualar en el número de apresados establecido en cada organismo, porque esa cifra en lugar de basarse en tener una infraestructura que garantice la seguridad, parece más bien tratarse de la cantidad de personas que pueden caber entre cuatro paredes. La pregunta es ¿en qué punto fueron olvidados los derechos humanos de ellos?”.
De acuerdo al director del cuerpo de seguridad regional, dicha condición compromete la salud jurídica de los funcionarios que custodian los recintos policiales, por la rapidez con la que las Fiscalías, ejecutan medidas judiciales contra los uniformados cuando hay motines o fugas.
“A la fecha se cumplen 224 días de hacinamiento, sin que haya un pronunciamiento oficial por parte de los titulares de los ministerios que rigen en materia de seguridad penal, ellos deben explicar los motivos de dicha demora. Ese es un silencio que se vuelve cómplice de la impunidad y de la violación a los derechos humanos de los detenidos. Es un gran peligro tener a un grupo de personas que a diario planea cómo volver a la calle, sin haber recibido una orientación para reintegrarse de forma productiva a la sociedad. Solo les queda delinquir si lo logran, por ello estamos reforzando la seguridad de todas nuestras sedes”, concluyó.
Iapem Prensa
