Al menos diez estrategias utilizaron los órganos del Poder Público venezolano para deliberadamente ocultar evidencias de tratos crueles o tortura, así como para evitar que las mismas fuesen denunciadas oportunamente, durante las detenciones ocurridas en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014.
Así lo señala el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) en un nuevo informe titulado “Que no quede rastro”, el cual documenta la vulneración del derecho a la integridad física durante las manifestaciones y aprehensiones que tuvieron lugar el año pasado, cuando se registraron al menos 854 heridos y lesionados.
Estas estrategias utilizadas por el Estado venezolano incluyeron: la incomunicación de detenidos, el traslado de lesionados a instituciones y hospitales militares, presiones a víctimas, el uso de la Defensa Pública para evitar denuncias, omisiones por parte de jueces durante las audiencias de presentación, la transformación de víctimas en victimarios, la confusión entre examen médico forense y el reconocimiento médico en el lugar de detención, la sustracción y desaparición de evidencias de malos tratos y tortura, y presiones a médicos.
El CDH-UCAB concluye que fue “evidente la dificultad para presentar quejas por malos tratos o torturas y a la realización oportuna del examen médico”, violando el Conjunto de Principios para la protección de personas sometidas prisión de Naciones Unidas y el Protocolo de Estambul.
“Este tipo de conductas por parte de los funcionarios aprehensores se tornaron reiteradas, al punto de llegar a poner en peligro la vida de algunos de los jóvenes que habían sido detenidos, dado que, al impedir el acceso a ellos y a tener conocimiento sobre las condiciones físicas en las cuales se encontraban, se vio agravado el cuadro y el estado de salud de los mismos, poniendo en riesgo sus vidas”, advierte el informe del CDH-UCAB.
Entre las irregularidades presentadas durante las detenciones, el documento también señala diversos casos en los que las víctimas presentaban heridas de gravedad, y que fueron trasladadas por las autoridades a instituciones médicas de carácter militar, violando las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas.
Asimismo, el Centro de Derechos Humanos registra testimonios según los cuales funcionarios amenazaron a las víctimas con hacerles más daño o simplemente no prestarles la ayuda médica requerida si no se abstenían de declarar la verdad sobre lo acontecido.
Del mismo modo, el CDH-UCAB apunta que se observó “una fuerte insistencia en que los jóvenes aceptaran la representación de defensores públicos designados por el Estado”, cuyo comportamiento “pareció estar orientado a evitar que se dejara constancia de las lesiones en las audiencias de presentación”.
El informe destaca la actuación irregular por parte de jueces al momento de las audiencias, cuando en ocasiones los detenidos fueron presentados para declarar aún heridos y sin importar su condición de salud. “Varios de ellos se encontraban aún bajo el efecto de los medicamentos o éstos les fueron suspendidos para el traslado a tribunales. Incluso algunos fueron sometidos a audiencia en el mismo hospital, debido a la gravedad de su estado”, asegura el CDH-UCAB.
Finalmente, el Centro de Derechos Humanos denuncia que en varias oportunidades, al momento de atender casos de personas heridas en manifestaciones, funcionarios de los cuerpos policiales y militares solicitaban a los médicos la entrega de los objetos que constituían evidencia de las lesiones sufridas por las víctimas.
