El gobierno nacional, a través del uso de las instituciones del Estado y la manipulación de la justicia, le propina un nuevo golpe a la ya menguada libertad de prensa en Venezuela.
Tras la demanda introducida por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en contra de El Nacional, Tal Cual y La Patilla, la jueza 12ª de juicio, María Eugenia Núñez, impuso prohibición de salida del país a 22 directivos de estos medios.
El diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela introdujo en abril de este año una acusación por difamación agravada continuada. La acción judicial estuvo motivada en la reproducción que los tres medios de comunicación hicieron de la información publicada por el diario español ABC, y en la que Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, lo acusa de estar involucrado en el tráfico internacional de drogas.
Recuerda el periodista Edgar López, en nota publicada en el diario El Nacional, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sentenciar el caso Mauricio Herrera Ulloa vs Costa Rica, el 2 de julio de 2004, reivindicó la doctrina del reporte fiel, según la cual no incurre en delito el que reproduce información de terceros.
De acuerdo con la misma nota, los afectados son: Miguel Henrique Otero, Mariana Otero, Argenis Rafael Martínez Mota, José Simón Elarba Haddad, Oswaldo Karam Macía, Luis Carlos Serra Carmona, Juan Andrés Wallis Brandt, Omar José Delgado Lugo, Jorge Papatzikos Gianopulos, Vivianne de Lourdes Font Fernández, Ramón José Medina Simancas, Beatriz Cecilia De Majo de Algisi, Carmen Elena Macía Fortique, Leopoldo Eduardo López Mendoza, Teodoro Petkoff Malec, Juan Antonio Rafael Golia Amodio, Francisco Layrisse, Manuel Antonio Puyana Santander, Alberto Federico Ravell Arreaza, Isabel Cristina Ravell Nolck y David Alberto Morán Bohórquez.
Por distintos medios, los directivos de las tres empresas de comunicación han confirmado no haber sido notificados de la decisión del tribunal. Además, han denunciado la violación del derecho a la defensa y el debido proceso, por tanto nunca fueron notificados de que había una investigación en su contra.
Ante este nuevo hecho que debilita aún más el ejercicio de la libertad de expresión y que intenta imponer un régimen de censura y autocensura, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reitera la necesidad de derogar las normas que penalizan las opiniones y, además, que sustituyen los mecanismos de rectificación por la cárcel o por medidas sustitutivas como estas de prohibición de salida del país y régimen de presentación.
Asimismo, el SNTP se solidariza con los trabajadores de El Nacional, de Tal Cual y de La Patilla, quienes en los últimos años han sido sometidos, de manera recurrente, a acciones de acoso y persecución por parte de funcionarios del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y han visto amenazados sus puestos de trabajo y su estabilidad por mecanismos oficiales de asfixia contra esos medios.
