Para el diputado Roy Daza, Vicepresidente del Parlatino -Venezuela el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso RCTV carece de validez, es irrita, nula de toda nulidad desde el punto de vista jurídico, pues la CIDH no tiene jurisprudencia para tratar casos que sólo le competen a la República Bolivariana de Venezuela.
El parlamentario recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la república expresan que el espectro radiofónico es propiedad de la nación, lo administrar el Estado venezolano y es el Estado quien decide si otorga o no una concesión o si la rescinde.
“El caso de que el Estado sea propietario del espectro radioeléctrico le da el derecho de establecer la metodología y tiempos para que las concesiones se den. Ninguna concesión pertenece a ninguna empresa privada, por poderosa que sea”.
Daza reiteró que la decisión de la CIDH no tiene pertinencia desde el punto jurídico, ni ninguna incidencia desde el punto de vista legal además porque Venezuela renuncio al tratado de afiliación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A juicio del Vicepresidente del Parlatino-Venezuela, los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humano, en el caso de RCTV, están actuando como agentes de un grupo golpista, facineroso y desestabilizador dirigidos por el Señor Marcel Granier. Están fungiendo como cómplices de un acto delincuencial, por lo tanto están fuera de todo término legal y jurídico.
“No admitimos, bajo ningún respecto que la CIDH se inmiscuya en asuntos internos de Venezuela y mucho menos que den respaldo a un grupo conspirador que actúa contra la República Bolivariana de Venezuela y contra la ciudadanía”., concluyó.
Para el diputado Roy Daza, Vicepresidente del Parlatino -Venezuela el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso RCTV carece de validez, es irrita, nula de toda nulidad desde el punto de vista jurídico, pues la CIDH no tiene jurisprudencia para tratar casos que sólo le competen a la República Bolivariana de Venezuela.
El parlamentario recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la república expresan que el espectro radiofónico es propiedad de la nación, lo administrar el Estado venezolano y es el Estado quien decide si otorga o no una concesión o si la rescinde.
“El caso de que el Estado sea propietario del espectro radioeléctrico le da el derecho de establecer la metodología y tiempos para que las concesiones se den. Ninguna concesión pertenece a ninguna empresa privada, por poderosa que sea”.
Daza reiteró que la decisión de la CIDH no tiene pertinencia desde el punto jurídico, ni ninguna incidencia desde el punto de vista legal además porque Venezuela renuncio al tratado de afiliación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A juicio del Vicepresidente del Parlatino-Venezuela, los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humano, en el caso de RCTV, están actuando como agentes de un grupo golpista, facineroso y desestabilizador dirigidos por el Señor Marcel Granier. Están fungiendo como cómplices de un acto delincuencial, por lo tanto están fuera de todo término legal y jurídico.
“No admitimos, bajo ningún respecto que la CIDH se inmiscuya en asuntos internos de Venezuela y mucho menos que den respaldo a un grupo conspirador que actúa contra la República Bolivariana de Venezuela y contra la ciudadanía”., concluyó.
