El artículo 219 de la Constitución Nacional establece que “el primer periodo de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará, sin convocatoria previa, el cinco de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible…”; lo que implica que según esta norma no debería suceder nada extraordinario el martes 5 de enero cuando se instale la nueva Asamblea Nacional (AN) y, en consecuencia, el respeto y la cortesía institucional indica que a la primera sesión del próximo periodo parlamentario deberían asistir los máximos representantes del Poder Ejecutivo, el Judicial y del Ciudadano; como es el deber ser y como ha sido en todas las instalaciones del poder legislativo durante los últimos 17 años.
Sin embargo, un evento institucional que sería absolutamente normal en un país democrático podría no ser así este 5 de enero debido a que la convocatoria que está haciendo el oficialismo para que sus seguidores participen activamente puede introducir un elemento de desorden con la pretensión de incomodar o impedir que los recién electos diputados de La Unidad ejerzan sus facultades constitucionales; pero existen mecanismos legales para garantizar que este acto se realice con la normalidad del caso.
El numeral 9 del artículo 17 del citado Reglamento establece que uno de los derechos de los diputados es “recibir protección a su integridad física. Toda autoridad pública, civil o militar de la República, de los estados y los municipios, prestará cooperación y protección a los diputados y diputadas en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad de la protección dentro de las áreas de funcionamiento de la AN estará a cargo de la Junta Directiva, a través de los órganos que correspondan”.
Además, el numeral 21 del 27 le otorga atribuciones al Presidente de la AN para “garantizar la seguridad personal de los diputados y diputadas mientras se encuentren en el salón de sesiones y en las instalaciones del Poder Legislativo” y el 65 sobre el uso de la fuerza pública plantea que la custodia en el interior de la sede estará a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la dirección de la Presidencia de la AN.
En resumen, la participación popular está permitida en las sesiones de la Asamblea Nacional pero bajo parámetros de orden y seguridad para los diputados; y en todo caso tanto el presidente saliente del parlamento como la Junta Directiva disponen de mecanismos para lograr ese objetivo; así como, los entrantes; y por lo tanto, no debería suceder nada extraordinario, pero si pasase sería con el consentimiento de la “moribunda” mayoría en el viejo parlamento.
OPERACIÓN “LICUADORA” EN EL TSJ. Aunque los diputados de La Unidad tienen mayoría calificada para revocar la decisión sobrevenida de los salientes al designar a 13 magistrados del TSJ, no lo hará. La estrategia es reformar la Ley del Tribunal Supremo de Justicia que les permita elevar el número de magistrados a una cantidad que también les permita tener mayoría calificada en la máxima corte de justicia para “licuar” la que actualmente tiene el oficialismo y así evitar un posible saboteo cuando se les consulte sobre la constitucionalidad de algunas leyes, como la de Amnistía y Reconciliación Nacional. Si efectivamente aplican este método el nuevo TSJ podría pasar de 33 magistrados a 80, de los cuales 47 no estarían a las órdenes del actual poder ejecutivo. El propulsor de esta idea es “Chúo” Torrealba y parece que cuenta con el apoyo de los 112 diputados de la alternativa democrática porque quieren aplicar el dicho popular de que “la salsa que es buena para el pavo también es buena para la pava”.
“CORREN O SE ENCARAMA”. La agenda legislativa de los 112 diputados de La Unidad tiene dos puntos que pondrán a prueba las verdaderas intenciones socialistas del gobierno, pero a los que les ha escurrido el bulto de forma inexplicable. Uno se relaciona con la aprobación de una ley que les otorgue la real propiedad de las casas al supuesto millón de beneficiados de la Misión Vivienda Venezuela porque hasta ahora sólo han sido adjudicadas y esta figura los coloca como víctimas de un perverso control social y político con fines electorales sobre familias humildes y necesitadas porque el gobierno sigue siendo el verdadero propietario, y por eso se las pueden quitar a unos para luego ser readjudicadas a los más comprometidos con “el proceso”. El otro tiene que ver con otra ley que permita que los viejitos y jubilados puedan contar con el bono de alimentación al nivel de sueldo mínimo, como lo disfrutan los trabajadores activos, con el objetivo de que las pensiones o jubilaciones no sean sólo para comprar medicinas sino que también puedan usar ese dinero adicional para comer o para el esparcimiento. Si el presidente Maduro no refrenda estas dos leyes quedaría como un insensible social y su popularidad caería a niveles inimaginables; y si lo hace, sería un punto a favor de la oposición porque estaría resolviendo dos problemas de alto impacto en la opinión pública. El gobierno tendría dos opciones, o “corre o se encarama”.
UN PUEBLO SIN NAVIDAD. El alcalde Garcés demostró este diciembre que no tiene identidad con el municipio Guaicaipuro. Estos días hicimos un amplio recorrido por las principales calles y plazas de Los Teques para ver si veíamos alguna lucecita o adorno que nos indicara el espíritu de la Navidad, pero nos vimos frustrados por el estado de desolación que observamos. Las montañas de basura parecía que sustituyeron el tradicional nacimiento ;donde las ratas y cucarachas hacían el papel de la mula y el buey; incluso los bulevares Bermúdez y Vargas lucieron como que acabamos de salir de una guerra porque empezaron una supuesta rehabilitación y los tiene vuelto leña. Uno podría entender que el hecho de que no viva aquí le impida entender el significado que tiene esta fecha para los guaicaipureños, pero eso no le da derecho a que no le haga un cariño a este pueblo porque para algo es alcalde. Este tema podría parecer medio trivial pero encierra un desapego que jamás habíamos visto, porque todos los alcaldes anteriores adornaban al menos la Plaza Bolívar, pero esta vez ni siquiera en la sede de la alcaldía se vió algo que nos dijera que era diciembre.
Sergio Graffe / Politologo
