Quienes gobiernan nos abruman a diario con sus posturas ideológicas apegadas al marxismo, cuyo autor originario abunda en el estudio del salario en el contexto del capitalismo
A propósito del recién decretado aumento del salario mínimo, vale la pena extraer algunas observaciones sobre el cumplimiento de su cometido, como lo es de permitirle al trabajador venezolano de obtener calidad de vida y los productos necesarios para el grupo familiar.
Quienes gobiernan nos abruman a diario con sus posturas ideológicas apegadas al marxismo, cuyo autor originario abunda en el estudio del salario en el contexto del capitalismo, siendo una de sus máximas que el valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los artículos de primera necesidad exigidos por productores para desarrollar, mantener y perpetuar la fuerza de trabajo y que los costos de producción de la fuerza de trabajo son diferentes. De allí que los salarios deben ser diferentes, por tanto la igualdad de salarios es un error.
Pues bien, las poses revolucionarias de los actuales gobernantes contrastan desde el inicio de su gestión, ante su incapacidad de dotar al trabajador de un salario suficiente que le permita subsistir y reproducirse y por otro lado con su objetivo de establecer un salario único para la población formal en nuestro país, que la convertiría en la mano de obra más barata del mundo, como consecuencia de su controversial política económica.
Efectivamente, con el decreto presidencial de febrero del presente año el salario mínimo nacional alcanza a partir de marzo la cantidad 11.578 bolívares y le adiciona una cesta ticket de 13.270 bolívares, que le permitiría al trabajador un ingreso global aproximado a los 25.000 bolívares, destacando que la unidad tributaria fue calculada en base a un aumento del 18 %, pasando de 150 a 177 bolívares por U/T.
Cuando vemos los indicadores del mercado, podemos comparar las exactas dimensiones de la decisión presidencial, ante una inflación acumulada en 2015 cercana al 300 %, aun cuando el BCV, tras meses de mutismo, solo reconoce 180 % y una proyectada en 740 % para 2016, ante el valor de una canasta alimentaria superior a los 120.000 bolívares y una canasta de bienes servicios superior a los 200.000 bolívares, lo que determina la urgencia de políticas públicas que detengan la inflación antes que hacer anuncios de aumentos salariales nominales poco impactantes al poder adquisitivo.
Hay que destacar que estas cifras proyectadas de inflación en 2016 están determinadas por la devaluación oficial del bolívar ante el dólar de 6:30 a 10 bolívares y del aumento de la gasolina a 1 bolívar la de 91 octanos y a 6 bolívares la de 95 octanos, adicionando que al imponer el aumento de la unidad tributaria a tan solo 18 %, a pesar de la inflación registrada por el BCV en 2015, obliga a pagar impuestos a todos los trabajadores, incluso a los que devengan salario mínimo, un 70 % de la población formal cercana a los 8 millones de trabajadores.
Como dice el viejo refrán: el que da y quita, el diablo lo visita, ante un poder ejecutivo que impunemente con una mano otorga aumentos salariales y con la otra saquea al bolsillo trabajador, en proporciones muy superiores a la plusvalía marxista, convirtiéndoles en un gobierno depredador de la condición humana.
Froilán Barrios
