Aunque pareciera que para el gobierno nacional no existieran los linchamientos debido a que nunca ha presentado cifras oficiales sobre los mismos y no ha incorporado este problema como parte de los 21 planes de seguridad elaborados durante 17 años, cada vez son mayores los casos aparecidos en los medios de comunicación y las redes sociales de situaciones en las cuales una turba enardecida ejecuta a delincuentes agarrados en flagrancia; y aunque anteriormente los motivos para cometer estos abominables actos obedecían a violaciones o crímenes atroces, ahora los estamos observando por un simple robo o atraco a una camioneta de transporte público, por ejemplo.
Se trata de un fenómeno que está siendo estudiado por sociólogos, criminólogos y penalistas y casi todos coinciden en que el linchamiento es una respuesta de las víctimas a la violencia delincuencial generalizada ante la denegación de justicia por parte del Estado; lo cual configura una cuadro de descomposición social e institucional, que es complementado por altos niveles de impunidad y desconfianza en la actuación de la autoridad formal; y por eso es complicado frenarlo cuando está en avanzado estado de desarrollo, como sucede actualmente en Venezuela.
Los que han participado o han tenido la intención de participar en un crimen tumultuario como los linchamientos tienen la errada percepción de que se trata de una acto de legítima defensa ante la agresión delincuencial y ante la incapacidad del Estado en proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, pero la realidad es que se trata de un hecho punible; y aunque los procesos investigativos son complicados para determinar la autoría individual, existen metodologías judiciales que permiten establecer las culpas colectivas.
La figura del linchamiento no está contemplada expresamente en el Código Penal de Venezuela, pero dependiendo del modo, circunstancia o el tipo de participación de las personas que actúan en este delito, existen artículos que lo podrían calificar para establecer culpas y penas diferenciadas; por ejemplo, en el 80 hace referencia a la concurrencias de varias personas en un mismo delito; el 270, expresa la prohibición de hacer justicia por sí mismo; el 283, define la instigación a delinquir; el 285, pauta las condiciones para calificar el agavillamiento cuando dos o más personas se asocian para cometer delito y el 424, define cuándo existe complicidad correspectiva; y para cada caso, existe una rendija jurídica para tipificar alguno de los modos y circunstancias en los que sucede un linchamiento.
Lo más grave es que cada vez se reportan mayores linchamientos de delincuentes, muchos de los cuales son criminales; pero por más justo que a algunos les parezca y hasta apoyen su ejecución pública, jamás podríamos defender estos actos de barbarie, y lo esperado es que el Estado y el gobierno de Maduro puedan tomar acciones urgentes para controlarlos y evitar su masificación, como comienza a observarse en todo el territorio nacional, trátese de ciudades, pueblos o sectores populares.
ELECCIONES REGIONALES EN PICO E´ ZAMURO. La Constitución Nacional establece que el periodo de los gobernadores de los estados y legisladores regionales es de cuatro años y como las últimas elecciones para elegir esos cargos fue el 16 de diciembre del 2.012, lo esperado es que el CNE celebre este proceso al final del 2.016; pero si La Unidad logra activar el referendo revocatorio al mandato de Maduro para este año, lo más probable es que el órgano rector electoral se vea en la “obligación” de posponer los comicios regionales para el 2.017; y les adelanto que tendría argumentos válidos, técnica y financieramente, debido a que es distinto el registro electoral para cada caso, ya que las regionales no pueden votar los electores venezolanos que estén en el exterior pero sí lo pueden hacer los extranjeros residente en el país y en el revocatorio pueden sufragar los venezolanos que vivan fuera pero no los extranjeros residentes aquí; y además, el país está quebrado y no hay garantía de que exista disponibilidad de recursos para ambos procesos y más si se juntan con los que están programados, como las municipales del próximo año u otro proceso sobrevenido como sería la enmienda constitucional u otro mecanismo constitucional.
TÁCATA EN ABANDONO TOTAL. El 19 de marzo, como todos los años, asistí con el tacateño Oswaldo Carvallo a celebrar las fiestas patronales del pueblo en honor a San José y quedé impactado con la desolación de la que fui testigo directo.
Por primera vez no se organizaron las fiestas populares, públicas y gratuitas; desde hace 27 años el Concejo Municipal realizaba una Sesión Solemne y no la hubo; habían anunciado la presencia del alcalde Garcés y el tipo no se presentó, aunque sí pude ver y saludar a la concejal revolucionaria Isaura Pérez; no se realizó el tradicional coleo porque los coleadores ya no quieren ir a Tácata por la inseguridad para ellos y sus caballos; y por si fuera poco, el chorrito de agua que aún le queda al río Guare está a punto de desaparecer debido a que desde Cúa llegan 25 cisternas que diariamente hacen más de cinco viajes y cada una tiene una capacidad de 10 mil litros.
El comentario general de los tacateños es que el próximo año podría desaparecer esta celebración antiquísima porque en esta ocasión sólo hubo la misa y la procesión del santo por la calle central del pueblo.
ACLARATORIA SOBRE LA ALQUITRANA. Esta columna la envío al diario La Región todos los jueves, como día máximo, para que la puedan diagramar y salga el domingo; y es posible que por ese motivo algunas informaciones ya no estén vigentes para cuando se publica La Guasacaca.
Me refiero al caso que escribí la semana pasada sobre el retraso en el pago de la quincena a los educadores de preescolar de la Fundación La Alquitrana, que funciona en el Intevep. Me informan que el pago se hizo efectivo, pero el día 18; lo que indica que la información era cierta. Sin embargo, hago la aclaratoria como debe ser.