El presidente Nicolás Maduro anunció este viernes que consultará a amplios sectores de Venezuela para sentar una posición definitiva frente a la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional hace un par de días.
Durante un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maduro señaló que las consultas se extenderán hasta el lunes
El presidente Nicolás Maduro anunció este viernes que consultará a amplios sectores de Venezuela para sentar una posición definitiva frente a una ley de amnistía aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento.
Maduro declaró abierta una «consulta pública para que el pueblo en todas sus organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, partidos políticos e instituciones» le hagan llegar sus «propuestas y opiniones sobre qué debe hacer (…) con la ley criminal que pretenden imponer como un golpe de Estado».
El mandatario socialista se refería a una amnistía para «presos y perseguidos por su oposición al chavismo», aprobada el pasado martes por la amplia mayoría opositora en la Asamblea Nacional.
Durante un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maduro señaló que las consultas se extenderán hasta el lunes, pues, tras la votación de la ley, tiene un plazo de diez días para pronunciarse.
«Yo tengo una opinión muy firme, pero quiero escuchar la opinión de la Nación, del pueblo, venezolano sobre esta ley criminal», sostuvo el gobernante.
A su juicio, la normativa viola la Constitución venezolana y pactos internacionales de derechos humanos, al plantear el indulto para actos de «terrorismo» con los que según él se intentó poner fin a su gobierno y al de su antecesor, Hugo Chávez (1999-2013).
«Ni (el dictador chileno Augusto) Pinochet aprobó una ley criminal tan vergonzante como la que acaba de aprobar la derecha», afirmó el presidente, subrayando que el texto busca dejar sin reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos y derogar leyes contra la corrupción.
Tras la aprobación del instrumento, Maduro tiene diez días para promulgarlo, pedir modificaciones o someterlo a un examen de constitucionalidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de estar al servicio del oficialismo.
La promotora de la iniciativa, Delsa Solórzano, rechaza la advertencia del mandatario de que impedirá la aplicación de la ley, indicando que «en un país democrático un presidente no emite sentencias».
Sin embargo, admite que «son muchos los pasos que faltan para lograr la libertad de los presos políticos» -como el líder radical Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel-, por lo que «el trabajo apenas comienza».
AFP
