El deterioro del sistema es tal que no interesa someter a la justicia a un delincuente, sino que el delincuente pague para librarse del proceso judicial
El 18 de agosto de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente decidió declarar la urgente reorganización del Poder Judicial. Fue creada así la Comisión de emergencia judicial. A partir de ese momento, en lugar de propiciar los necesarios cambios que urgían, comienza un proceso de deterioro de 18 años que ha llegado a una situación terminal de ineficiencia, corrupción y pérdida total de autonomía e independencia en la administración de justicia.
Lamentablemente, el remedio se ha convertido en una mala medicina, peor que la enfermedad.
Como parte de los constituyentes promotores de aquella reforma, nuestra justa aspiración era, como quedó plasmado en la Constitución, lograr un Poder Judicial independiente, transparente, imparcial, con jueces idóneos y capaces de ser garantes de un verdadero Estado de Derecho y de Justicia, lo cual es totalmente opuesto a la denominada Misión Justicia Socialista, recientemente creada por la vía de un decreto presidencial arbitrario e inconstitucional.
Quiero citar lo que dijo el diputado del Psuv, Carlos Escarrá, el 18 de junio de 2011 en una reunión con abogados del estado Carabobo: “Este encuentro fue muy significativo y entre las principales propuestas destacan la creación de una contraloría judicial. El Poder Judicial es uno de los elementos más corruptos y donde menos hemos hecho lamentablemente en la revolución. Esta contraloría debe atacar las roscas en todos los niveles –aquí hay mafias entre policías, fiscales y jueces– y también de garantizar todo lo relativo a los derechos humanos”.
Reitero lo que dijimos en nuestro libro Estado Delincuente: a partir de la intromisión sistemática e indebida del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial se ha convertido en un “gran negocio” en el que todo está tarifado y las irregularidades, arbitrariedades y abusos, ocurren en todas las instancias, con muy pocas excepciones, hasta el punto de que se utiliza el vocablo “sicariato judicial” para caracterizar su situación.
Han sido designados jueces sin ninguna calificación y algunos hasta con antecedentes penales por gravísimos delitos. Jueces y fiscales comparten y compiten por “territorios” en los que se manipulan expedientes, se tarifan servicios, se extravían o siembran pruebas, se altera el reparto de las causas. El Sistema Juris 2000 fue instrumentado en el Poder Judicial para que la distribución de expedientes fuera aleatoria. Actualmente se realiza a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD). Asignar un caso a un determinado juez tiene un precio que depende de la capacidad de pago de los implicados, siendo la tarifa básica de quinientos a mil dólares, como se sabe en el foro judicial.
La ausencia de un registro automatizado de expedientes se presta a todo tipo de manipulaciones: no aparecen, nadie sabe dónde están, hay que pagar para que finalmente se encuentren o no, etc. La cadena de custodia es vulnerable y las pruebas –según las tarifas que se establezcan– son manipuladas o desaparecen.
Nombrar a una persona en un expediente es suficiente para iniciar una extorsión, así como cometer un “error material” en la identificación de alguien señalado por un delito puede librarlo, pago de por medio, de verse implicado en un proceso judicial.
El deterioro del sistema es tal que no interesa someter a la justicia a un delincuente, sino que el delincuente pague para librarse del proceso judicial. Los bienes incautados no son puestos a la orden de la Fiscalía, sino que son “negociados”: cambian sorpresivamente de propietarios con el consentimiento de los afectados o sin que estos se atrevan a reclamar, tal como se ha señalado en los casos del narcotraficante Walid Makled –convertido hoy en el pran del Sebín– y del empresario de los casinos Domingo Goncalves, quien habría pagado una alta cifra para lograr su libertad el 31 de diciembre de 2016. ¿Cuánto pagó? ¿A quién?
Las mayores extorsiones ocurren en el área penal, en la que está en juego ir o no a una prisión, es decir, como todos sabemos, un asunto de vida o muerte en Venezuela.
Mientras por un lado, los crímenes relacionados con la corrupción y el narcotráfico quedan impunes a punta de dólares y euros, por el otro se judicializa la política para perseguir, criminalizar y encarcelar con expedientes falsos a quienes piensan distinto al régimen del autócrata Nicolás Maduro.
Por si alguna duda quedaba, están las lamentables confesiones de los exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velásquez Alvaray –hoy en Costa Rica– y del testigo protegido de EE.UU. acusado de complicidad con narcotraficantes, Eladio Aponte Aponte, que se explican por sí solas, es decir, como dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas.
Dicen que el tiempo pone todo en su lugar. ¿Cuándo se harán públicas las confesiones sobre la podredumbre judicial que en privado hace la hoy expresidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez? ¿Qué significan las palabras de su sucesor Mikael Moreno, que viene de ser presidente de la Sala Penal del máximo tribunal, cuando dice que su principal reto es combatir la corrupción y la impunidad?
Carlos Tablante
@TablanteOficial
