El 20 de abril, Estados Unidos pidió la extradición del guerrillero, a quien acusa desde marzo de 2009 del secuestro de Pedrón, liberado en febrero de ese año luego de que su familia pagara por su liberación
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó este viernes el reclamo de Estados Unidos a un alto tribunal que ordenó la liberación de un guerrillero de las FARC cuya extradición había solicitado.
«Esos fallos no pueden ser puestos en tela de juicio ni por nacionales ni por extranjeros», dijo el mandatario durante una ceremonia y exigió respeto y acatamiento a los fallos de los tribunales colombianos.
Santos se refirió, sin nombrarlo, al reclamo del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por ordenar la libertad de Julio Enrique Lemos Moreno, combatiente de las FARC, que implementan un pacto de paz, señalado de raptar a un estadounidense hace nueve años.
«Dicha decisión no consideró la gravedad del caso de secuestro de un ciudadano norteamericano que está enfrentando» Lemos, indicó Whitaker en una carta enviada al tribunal, divulgada este viernes por medios locales.
El diplomático, quien recordó el apoyo de su gobierno al acuerdo de paz, cuestionó un fallo del 31 de mayo que ordenaba la «liberación inmediata» del rebelde, apresado el 23 de febrero pasado en Medellín, en cumplimiento de una orden de captura por el rapto del empresario estadounidense Cecilio Juan Padrón en abril de 2008.
Lemos había salido con autorización para cumplir citas médicas de una de las 26 zonas del país donde se agrupan los 7.000 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal y más antigua guerrilla del continente, para desarmarse y prepararse para volver a la legalidad, reza el fallo.
El 20 de abril, Estados Unidos pidió la extradición del guerrillero, a quien acusa desde marzo de 2009 del secuestro de Pedrón, liberado en febrero de ese año luego de que su familia pagara por su liberación, según la sentencia.
Pero el tribunal colombiano ordenó la libertad y el traslado a la zona de concentración del rebelde, argumentando que el acuerdo firmado en noviembre entre el gobierno y las FARC impide la extradición por delitos cometidos en el marco de la conflagración interna de más de medio siglo.
«Esta decisión es inconsistente con los fines de justicia y desarrolla un gran riesgo de crear un procedente preocupante y peligroso para la justicia bilateral», expresó Whitaker, quien aseguró que su país buscará que el rebelde responda ante la justicia de su país.
El pacto de paz estipula amnistías a guerrilleros señalados de delitos políticos. Los acusados de crímenes graves que confiesen podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.
AFP