El partido Primero Justicia (PJ), del diputado opositor Julio Borges, advirtió hoy sobre el cierre de empresas en Venezuela si continúan las fiscalizaciones que se han iniciado en el marco de las medidas tomadas por el Gobierno de Nicolás Maduro que ordenó regular los precios de 25 alimentos.
«No se puede fijar precios con una inflación diaria de 3 o 4 %, es imposible fijar precios a esa tasa y si se fija precios luego no hay reposición de inventario», dijo a periodistas Ángel Alvarado en representación del partido.
«Así que lo que viene, si se mantiene esa política de fiscalización y criminalización de la actividad económica, es básicamente el cierre de más empresas», agregó el también economista y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano.
Comentó que incluso las empresas más grandes del país, «con más tradición», están en riesgo de ir a quiebra y que obviamente esta situación generará más desempleo.
El diputado reiteró así la posición de rechazo del Parlamento, de mayoría opositora, a las medidas económicas decretadas por Maduro hace poco más de una semana entre las que también está un aumento de hasta 35 veces del salario.
Esta medidas «no han resuelto ningún problema», insistió y señaló que «pareciera que el objetivo final del Gobierno» es «confiscar la empresa privada» y acabarla, quedándose «primero con sus nóminas», pues el Ejecutivo ha ofrecido a las empresas privadas pagar el diferencial del aumento por tres meses.
«Que esas nóminas ahora sean trabajadores del Estado y luego que sean, pues, las nóminas asumidas por el Estado con precios que no se pueden modificar so pena de cárcel evidentemente estaríamos a un paso de la confiscación del sector privado en Venezuela y esto es sumamente grave, esto lo condenamos rotundamente», continuó.
Según Alvarado, 50 % de los comercios en el país caribeño no han abierto sus puertas tras las medidas económicas, mientras que la otra mitad está «sumamente atemorizada» por las sanciones que se están aplicando si no regulan los precios en los establecimientos.
Tras la regulación de precios ordenada la semana pasada a 25 alimentos, al día de hoy se observa la desaparición casi total de estos productos en los abastos y supermercados de todo el país.
Entre los productos a los que se les ordenó el control de precios se encuentran los huevos, la carne, el pollo, la harina de maíz, el arroz o la pasta.
Según ha dicho el vicepresidente económico, Tareck el Aissami, la medida se logró tras firmarse un acuerdo con «las 33 agroindustrias más grandes» del país, sin embargo, este convenio ha sido negado por los empresarios que aseguraron que estos precios fueron «impuestos» por el Gobierno.
Al menos 200 personas y unos 500 comercios han sido sancionados desde que se puso en marcha esta regulación que se enmarca en el plan de «recuperación económica» que impulsa Maduro y con el que, ha dicho, sacará al país de la crisis. EFE
