Los comisionados Margarette Macaulay y Francisco Eguiguren de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteraron este jueves su solicitud a representantes del Gobierno venezolano para realizar una visita a su país, con el fin de hablar con organizaciones de defensa de los derechos humanos.
En una audiencia pública en el 171 periodo de sesiones de la CIDH en Sucre, capital de Bolivia, sobre vulneración a la libertad sindical y los derechos laborales en Venezuela, los comisionados cuestionaron a los representantes del Gobierno venezolano su objeción para que se realice una visita a Venezuela.
«Nunca hemos recibido una respuesta afirmativa, nunca hemos podido ir los comisionados, hemos pedido repetitivamente muchas veces una visita a Venezuela«, expresó Macaulay durante la sesión.
La comisionada jamaiquina preguntó cuál es la dificultad del Gobierno venezolano para no aceptar una visita de esta comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), «establecida con un mandato claro de apoyar la situación de los derechos humanos».
Macaulay persistió con su pedido de ingresar a este país para hablar directamente con las instituciones que se ocupan de derechos de la mujer y de los niños y así tener información de primera mano.
De la misma manera, el comisionado peruano Eguiguren recordó que son varios años los que intentan realizar una visita que no se concreta.
Además, señaló que de acuerdo a lo expuesto por la sociedad civil en esa audiencia y los representantes del Gobierno de Venezuela, «el propio Estado reconoce que hay una situación de profundo desabastecimiento y carencia de prestación de servicios básicos».
Por ello, reprochó la postura del Gobierno venezolano de rechazar ayuda humanitaria, cuando «el pueblo sigue siendo el más perjudicado».
También cuestionó la forma de priorizar los recursos en Venezuela, a raíz de un anuncio de compras millonarias de armamento por parte del Gobierno.
«La CIDH rechaza cualquier propuesta, acción, intervención militar en Venezuela, pero más allá de ello, si el Estado anuncia compras millonarias de armamento para proteger la continuidad y defensa de su Gobierno, quiere decir que hay recursos, el problema es cómo se prioriza», sostuvo.
Por su parte, los representantes del Gobierno venezolano señalaron que su situación se debe a la «medidas coercitivas» de parte de Estados Unidos.
En tanto, los representantes de la sociedad civil de Venezuela solicitaron que se reconozca y se acepte la ayuda humanitaria y que se entreguen los medicamentos requeridos a los hospitales.
Venezuela padece una acuciante crisis económica, con escasez generalizada, y su presidente, Nicolás Maduro, calificó de «humillación» el envío de ayuda humanitaria del exterior.
El país además atraviesa una crisis política con Maduro apoyado por potencias como Rusia y China y el líder opositor Juan Guaidó reconocido como presidente encargado hasta que sean convocadas elecciones por Estados Unidos, países de América Latina y de la Unión Europea, entre otros.
Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente, mantienen sanciones contra funcionarios del Gobierno, militares y empresas venezolanas por supuestas violaciones de derechos humanos y corrupción. EFE
