Una docena de funcionarios del FAES irrumpió en el negocio de un comerciante de 31 años quien vivía en Baruta, en el área metropolitana de Caracas, el pasado mes de junio.
La niña de 4 años elige hortensias y tulipanes.
Son las flores que dejará esta semana en la tumba de su padre.
Lo mataron unos policías el pasado mes de junio, pero eso ella aún no lo sabe.
«Si los tuviera delante, les sacaría los ojos», dice María, su abuela, la madre del difunto, mientras aprieta en su regazo un pañuelo lleno de lágrimas.
Pasa uno de los peores momentos de su vida. Se la ve delgada y solo tiene ganas de llorar.
Pero recupera algo de brío cuando habla de los responsables de la muerte de su hijo.
El pasado 12 de junio, una docena de agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, irrumpió violentamente en el negocio de su hijo, un comerciante de 31 años residente en la zona de las Minas de Baruta, en el área metropolitana de Caracas.
Él, que vivía unas plantas más arriba en el mismo edificio, se despertó sobresaltado y, según el relato de su madre, bajó y se presentó ante los funcionarios.
«No había hecho nada malo y por eso fue confiado a aclarar las cosas», asegura María.
Poco después, esos mismos agentes entregaban su cadáver agujereado por cuatro balazos en un hospital cercano.
Se llevaron también su moto y su camioneta, en la que cargaron el cadáver envuelto en una sábana. Dejó una hija de 4 años y sus planes de marcharse a trabajar a España.
María nunca olvidará aquella noche.
Llegó rápido a la zona, alertada por vecinos, pero no pudo hacer nada.
«Habían tomado la calle y no me dejaban pasar. Me dijeron que mi hijo estaba detenido, pero en realidad lo habían matado hacía ya una hora».
En aquellas horas angustiosas, sus familiares preguntaron por él en hospitales y dependencias policiales, hasta que toparon con la verdad.
«Está muerto en el hospital Domingo Luciani», escuchó María decir a alguien en el teléfono. No recuerda nada más, porque se desmayó.
El certificado de defunción que le entregaron días después establece la causa de la muerte: «Shock hipovolémico. Hemorragia interna. Herida por arma de fuego de proyectil único al tórax».
Muchos muertos como él
Lo que no dice es quienes fueron los culpables. Ni que el caso encaja con un patrón habitual en Venezuela en los últimos años: jóvenes que mueren por disparos de funcionarios policiales que despachan la investigación asegurando que el muerto se resistió a la autoridad.
Donde más ocurre es en las zonas populares, generalmente las más golpeadas por la pobreza y la delincuencia.
De acuerdo con un informe sobre Venezuela publicado el pasado julio por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el gobierno registró cerca de 5.300 muertes como «resistencia a la autoridad» solo en 2018. Varias ONG creen que la cifra real podría ser aún mayor.
El informe señala que el gobierno «podría estar usando a la FAES y otras fuerzas de seguridad para infundir miedo entre la población y mantener el control social».
El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios. Ya cuando se publicó el informe, el presidente Nicolás Maduro dijo que «estaba cargado de mentiras y manipulaciones», y exigió su rectificación.
Poco después, reafirmaba su apoyo al cuerpo policial que se llevó al hijo de María y a otros muchos jóvenes venezolanos. «¡Viva el FAES!», proclamó en un acto retransmitido por la televisión estatal.
La FAES es una creación de Maduro, que en 2015 apostó por éste cuerpo como parte de su plan para combatir el problema del crimen en el país.
Desde entonces, sus agentes encapuchados a bordo de camionetas negras, fuertemente armados y sin más identificación que la calavera que tienen como emblema, se han convertido en un elemento habitual en los barrios venezolanos.
Quizá por eso, María no puede contenerse cuando le preguntan por el presidente.
«Que Dios me perdone, pero odio a Maduro y a toda su gente», dice. «Me arrancaron un trozo de mi vida».
Ahora, busca justicia con la ayuda legal que le prestan en Cofavic, una asociación local dedicada a la atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos
Quiere que los culpables de la muerte de su hijo paguen y por eso ha presentado denuncias y escritos ante la Fiscalía, que hasta la fecha no ha dado respuesta.
Realmente, la estadística no invita a pensar que vaya a obtener justicia.
Horas en el cementerio
Según las cifras del informe de la ONU, la mayoría de las víctimas evita denunciar por temor a represalias o falta de confianza en el sistema judicial, que no investiga debidamente las denuncias que recibe.
María también tiene miedo, y por eso no quiere que se publique su nombre real pero, por desalentador que resulte, está decidida a pelear para que los culpables de la muerte de su hijo paguen por lo que hicieron.
«Hay demasiadas madres sufriendo», lamenta. En Cofavic, María ha conocido a otras mujeres en su situación, algunas procedentes de barrios en los que la acción de la FAES ya ha provocado las primeras manifestaciones de protesta, y a una psicóloga que intenta ayudarla a digerir la rabia, el dolor y la pena.
Pero nada de eso ha servido hasta ahora para consolarla.
Lo único que la alivia un poco es visitar la tumba de su hijo en el cementerio de La Guairita, lo que suele hacer acompañada de su nieta, ahora huérfana de padre.
«Voy todas las semanas», comenta de camino a un lugar en el que descansan muchos caraqueños.
A veces se pasa hasta cuatro horas allí, acuclillada bajo el sol frente a la lápida que recuerda al hijo al que tanto extraña. A su alrededor, la niña corretea entre las sepulturas aparentemente ajena a tanta desgracia.
«Menos mal que no dormía allí aquella noche, sino esas ratas la hubieran matado también a ella».
con información de BBC
