En el mes de diciembre del año pasado, Juan Fernández, recibe el premio de Impacto ILG 2021 por Georgetown University, tras llevar a cabo la implementación y resultados del programa Hambre Cero, mecanismo instrumentado en el estado Miranda. Los finalistas incluyeron proyectos de egresados de Brasil, Colombia y México.
Fernández, perdió el 70 % de su audición en un evento de protesta cuando le estalló cerca una bomba de mortero. Esta discapacidad no le impidió liderar la implementación de Hambre Cero, como llamó a su modelo de integración de servicios de agua potable, vivienda, comedores y educación, para unas 22 mil familias más pobres de los 21 municipios del estado de Miranda en Venezuela.
Lo inspiró inicialmente el programa de Lula Da Silva en Brasil, pero pronto se dio cuenta de que tenía que trascender el asistencialismo de la entrega de alimentos para sacar a las familias de la pobreza y prefirió, como él dice, “enseñar a pescar, mejor que dar el pescado”.
El Hambre Cero en Miranda combina esfuerzos que sorprenden por su eficiencia y que “resultan de situaciones extremas en las que se toca fondo y en donde la innovación sucede por pura y física necesidad”.
Aunque hoy Hambre Cero no opera más por los cambios políticos de gobierno, la implementación del modelo de gestión pública local de Juan es ciertamente replicable y podría servir de referente a otras instituciones públicas de la región.
La esencia de la gestión detrás del Hambre Cero de Fernández en Miranda se podría enmarcar dentro la categoría de las famosas transferencias monetarias condicionadas, una de las pocas intervenciones públicas, que, tras una evaluación de impacto, ha probado su eficacia, y es una innovación de América Latina para el mundo. Según el BID, las transferencias actualmente funcionan en 17 países de la región y benefician a 136 millones de familias.
