La ONG SOS Orinoco denunció la semana pasada que las minas ilegales del Parque Nacional Yapacana crecieron durante los últimos 20 años con aval del chavismo y organismos militares.
«Durante 20 años militares permitieron que esas minas crecieran exponencialmente y nunca hicieron nada por detenerlas o desmantelarlas. Lo mismo está ocurriendo en muchos otros lugares en el sur de Venezuela: Alto Orinoco, PN Canaima, La Paragua, Caura, Imataca, Icabarú», indicó la organización en la red social X (antes Twitter).
Señalaron que si bien es importante acabar con la minería ilegal, se deben garantizar los derechos humanos de los mineros y respetar las leyes de ambiente durante los operativos militares.
«La violencia, quemas y abusos a los derechos humanos y ambientales no tienen lugar en la lucha contra la minería», precisó la ONG.
SOS Orinoco destacó que apoya el desalojo de los mineros ilegales en Yapacana, sin embargo, no creen que los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estén preparados para una operación tan compleja, especialmente tratándose de una región invadida impunemente por la guerrilla colombiana.
«La guerrilla se entremezcla con los mineros y con la población asociada a la minería, y muchas veces es imposible separarlos o distinguirlos. La guerrilla no siempre anda armada y con uniforme», indicó la organización.
La organización afirmó que la presencia de la guerrilla en control de espacios territoriales venezolanos es inadmisible, pero es un fenómeno que se empezó a dar desde la llegada de Hugo Chávez al poder.
«La guerrilla, a cada aldea que visitaba, mostraba una carta de aval que les había dado Chávez, donde este les encomendaba la defensa de la revolución bolivariana en territorio venezolano. La culpa de esta presencia la tienen los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro», agregó la ONG.
La organización precisó que para acabar con la minería ilegal en Yapacana y otros territorios, es necesario hacerlo de forma planificada y ordenada. Para ello, se debe comenzar cortando todos los suministros de combustible y mercurio hacia los puntos de suministro dentro del parque.
Además, SOS Orinoco señaló que se debe asignar fondos de estímulo económico a los mineros ilegales originales del estado Amazonas, que serían equivalentes a unos ingresos mínimos mensuales que les permita la subsistencia, por un tiempo muy limitado, con la condición de que se radiquen en poblados lejanos del parque nacional.
También instaron al Estado a establecer un programa de empleo local asociado a los planes de recuperación ambiental de los serios daños dentro del parque nacional: recomposición de la topografía, destrucción de las pistas legales, desmantelamiento, recolección, clasificación, transporte y reciclaje del material de los campamentos desalojados.
Sugirieron que los programas sean administrados por autoridades civiles. «Los militares deben limitarse a garantizar la seguridad territorial y de personas», agregó la ONG.
La organización también recordó que para esta labor hay apoyo internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-ONU), que tiene equipos especializados en desarticular situaciones de minería ilegal y que han actuado exitosamente en países africanos.
Fuente: El Nacional
