La Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano inició una investigación sobre el atentado que sufrió el pasado sábado el presidente, Nicolás Maduro, con drones cargados de explosivos y hoy, en una sesión extraordinaria, la Cámara denunció que el Gobierno ha «destruido» evidencias del evento.
«¿Por qué mandaron a Misión Vivienda (programa social) a tapar el hueco que supuestamente abrió el supuesto dron ese que volaron? ¿Por qué? ¿Por qué taparlo con recursos del Estado? ¿Por qué destruir evidencia de la investigación? ¿Es que no quieren que sepamos lo que ocurrió el sábado?», se preguntó la diputada Delsa Solórzano.
La diputada, que es presidenta de la Comisión de Política Interior, comentó que «parece que Maduro no quiere que se sepa la verdad» de lo ocurrido en el atentado.
«Se está destruyendo el sitio del suceso del 4 de este mes, nosotros en la Comisión de Política Interior abrimos una investigación porque queremos saber la verdad, una verdad que Maduro quiere ocultar, vaya usted a saber por qué, una verdad que el no tiene interés en conocer, nosotros sí», insistió.
Asimismo la también abogada señaló que según la Constitución venezolana vigente los resultados de esa investigación que desarrolla la Cámara «tienen valor probatorio en juicio».
Comentó que esta supuesta destrucción del sitio del suceso se produce «al igual que ocurrió en el caso de Oscar Pérez» el expolicía rebelde que cayó abatido en enero pasado tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad después de haber anunciado su rendición a través de las redes sociales que seguían en vivo la situación.
«Dice textualmente el artículo 34 de la Ley del Servicio de Policía y del cuerpo de Policía Nacional, que tienen la obligación de resguardar el lugar donde haya ocurrido un hecho punible e impedir que las evidencias, trazos o rastros vinculados al mismo se alteren o desaparezcan a los fines de facilitar las investigaciones correspondientes», indicó.
En la sesión convocada para repudiar el retiro de la inmunidad parlamentaria a los diputados Juan Requesens -ya detenido- y Julio Borges -fuera del país- a quienes el Gobierno ha vinculado con el atentado, también se cuestionó el manejo de la información por parte de Maduro pues los datos del hecho deberían estar bajo resguardo.
La Cámara destacó que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conformada solo por chavistas y no reconocida por numerosos gobiernos, no tiene la potestad para despojar a los diputados de su inmunidad parlamentaria, lo que sucedió.
También fue criticado el fiscal general, Tarek Saab, -designado por la ANC- por justificar la detención de Requesens pese a que no se cumplió con el procedimiento establecido en la Constitución para su atropellado apresamiento lo que fue calificado como un «secuestro» por el Parlamento.
«Estamos solicitando que se declare que la orden de detención del diputado Julio Borges es de naturaleza política y por lo tanto no debe ser reconocida por ningún tribunal en el extranjero u organismo internacional», dijo Solórzano.
La diputada también indicó que desde este foro se ha exigido la «liberación» de Requesens de manos de sus «secuestradores».
«Mientras lo mantienen secuestrado sus secuestradores están también cometiendo delito y nosotros sabemos que en Venezuela no hay justicia (…) pero si hay justicia internacional, si la hay y ante ella estamos acudiendo», agregó.EFE
