El encuentro regional de Quito sobre la emigración venezolana concluyó este martes con una declaración de voluntad por parte de once países participantes a seguir acogiendo emigrantes dentro de un sentido de “hermandad” y “solidaridad”, pero también dentro de la “seguridad” para las sociedades receptoras, reseñó EFE,
El documento “contiene la voluntad de todos los Estados participantes en seguir acogiendo con los brazos abiertos a todos los que vienen enfrentando una difícil situación en su país de origen”, anunció al concluir la reunión el representante peruano, César Bustamante.
Director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Bustamante destacó que se seguirá prestando asistencia a aquellos que “buscan encontrar la acogida de nuestra comunidades, de nuestra sociedad, en términos de hermandad y solidaridad”.
El encuentro, que reunió a representantes de trece países, incluido República Dominicana con carácter de observador, según fuentes de la Cancillería, terminó hoy en Quito con la firma de una declaración de intenciones por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
El que es el primer encuentro de estas características y alcance no contó con la participación de Venezuela, pero sí de la de la Bolivia que, según la Cancillería, no puso su firma al documento.
Tampoco lo hizo República Dominicana por su carácter de observador.
En la sesión de cierre, Bustamante se mostró confiado en que “todos hemos cumplido con nuestra labor, todos (..) hemos aportado y nos vamos seguro de haber evaluado adecuadamente la situación, de haber diseñado líneas de acción para poder gobernar esta migración masiva hacia el sur y, finalmente, esta grave situación humanitaria”.
La declaración también “exhorta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales”, según el texto difundido.
Y menciona entre ellas la concesión regularizada de “cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así como de las apostillas y legalizaciones que fueran requeridas por sus ciudadanos en vista de que la carencia de tales documentos ha generado”.
Se trata de una exigencia destinada a garantizar la seguridad de los emigrantes, evitar el tráfico de personas, la violencia sexual contra los emigrantes y la xenofobia, pero también destinada a garantizar la seguridad de las propias sociedades de acogida.
El representante chileno, Raul Sanuhueza, reconoció en ese sentido que le habría gustado “ir un poco más allá” en la declaración y “en reconocer que esto no vino del cielo”.
“No es que los venezolanos se pusieron en la mente un buen día salir a caminar y recorrer América Latina. Esta no es una situación de turismo. Lejos de eso, esta es una situación humanitaria grave generada en una crisis”, manifestó en su intervención de cierre.
Por ello consideró imprescindible “apoyar a esos migrantes y apoyar a la comunidad de acogida”, dando seguridad a ambos.
“La delegación de Quito cumple plenamente el objetivo fijado que es dar a cada uno lo que es suyo: al migrante venezolano darle tranquilidad y esperanza, y a la comunidad de acogida darle seguridad y confort”, sentenció.
Por su parte, José Javier Samaniego, representante de ACNUR, valoró que los resultados de la reunión “constituyen una verdadera hoja de ruta” y expresó la plena disposición de su organización de “seguir trabajando con los Estados” y apoyar “las diferentes iniciativas que se han presentado en esta declaración”.
