La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a favor indígenas de la etnia Pemón, a un defensor de esta comunidad en Venezuela y a un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana al considerar que están en situación de «riesgo de daño irreparable a sus derechos».
El organismo indicó hoy en un comunicado que en la solicitud de protección que recibió se señalaba que los integrantes de la etnia Pemón de la comunidad San Francisco de Yuruaní o «Kumaracapay» del municipio Gran Sabana y el defensor indígena baré Olnar Ortiz se encontrarían «en una situación de riesgo a sus derechos» por su participación en los hechos ocurridos el 22 y 23 de febrero pasado.
Tales sucesos están relacionados con la introducción de ayuda humanitaria a Venezuela procedente de Brasil, detalla la nota.
La CIDH evaluó «el contexto excepcional que atraviesa el Estado de Venezuela y tomó en cuenta que los eventos de riesgo alegados se habrían producido presuntamente como resultado de las acciones realizadas por la comunidad para recibir ‘ayuda humanitaria».
Asimismo, alegó «un presunto uso excesivo de la fuerza y la participación de grupos que los solicitantes denominan ‘Colectivos».
En ese contexto, indicó que ha pedido al Estado venezolano que asegure que «sus agentes respeten los derechos de los beneficiarios y se abstengan de hacer un uso de la fuerza de manera incompatible con los estándares internacionales sobre la materia».
Además, le ha solicitado la aplicación de medidas de seguridad en la zona y la protección de los familiares de los beneficiarios de las medidas cautelares, así como proporcionar atención a los heridos.
Además, el organismo se pronunció a favor del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana Luis Alexander Bandres Figueroa, que, subrayó, se encuentra privado de libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
La CIDH, que emitió ambas resoluciones el pasado 28 de febrero y las dio a conocer hoy, explicó que la solicitud de las medidas cautelares asegura que el sargento «se encontraría aislado y habría sido sometido a una fuerte golpiza».
De igual forma, destacó que el militar «duerme en el ‘piso helado’, sin ventilación ni luz natural» y carece «de una alimentación e hidratación suficiente».
La Comisión pidió al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Bandres Figueroa para garantizar que las condiciones de su detención «cumplan con los estándares internacionales aplicables» e informe sobre las acciones tomadas al respecto. EFE
