La posibilidad de que un procesado declare desde Puerto Ordaz (Bolívar) ante un juez que se encuentre en Maturín (Monagas) empleando las vías telemáticas, quedó estampado en la reciente reforma al Código Orgánico Procesal Penal (Copp), según se lee en varios de sus artículos.
Tal posibilidad también puede ser empleada por las víctimas cuando éstas se encuentren fuera de Venezuela. En esa circunstancia, la persona podrá interponer la denuncia, rendir entrevista ante el Ministerio Público “o testimonio ante el Juez desde las representaciones diplomática de la República, haciendo uso de tecnología de la información y comunicación”.
Dicha técnica comenzó a emplearse en los juicios civiles desde el año 2020, según informe que rindió ese año el magistrado Yván Darío Bastardo Flores ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. En esa ocasión, los magistrados acordaron extender la metodología digital para la justicia penal.
Precisamente Bastardo Flores, presidente de la Sala Civil del máximo juzgado del país, integró la Comisión Especial para la Revolución del Sistema Judicial que realizó el abordaje en los retenes policiales del estado Bolívar.
Y en el marco de ese abordaje, se celebró la primera audiencia telemática, efectuada por la mencionada Comisión Especial. Se trató de William José López, quien estaba recluido en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, ubicado en San Félix (Bolívar), por haber cometido un hurto en Puerto Ordaz (Bolívar). Pero el sujeto también tenía expediente abierto en Maturín (Monagas) por hechos delictivos ejecutados en esa ciudad.
Para evitar el traslado del imputado, Bastardo Flores sugirió realizar una audiencia telemática, basado en la experiencia de la Sala Civil del TSJ. Efectivamente la audiencia se realizó el 7 de julio pasado, con equipos instalados en el retén policial de Guaiparo, conectados al Palacio de Justicia de Monagas.
Era la audiencia preliminar, cuyo propósito consistió en debatir si se le abría un juicio a William José López. Pero éste admitió los hechos, con lo cual se evitó el juicio y le impusieron la codena por hurto calificado, entre otros delitos.
La experiencia de ese juicio fue descrita en el informe de la Comisión Especial que a su vez llegó a manos de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional donde tomaron en cuenta la idea a la hora de plantear la reforma del Copp. De hecho, los diputados acogieron tal experiencia para dejar establecido el uso de los medios tecnológicos en el desenvolvimiento de un juicio penal.
