El Estado renunció a ejercer la autoridad y el control de las cárceles. Les entregó el poder a las mafias externas e internas. Los resultados son patéticos
En los sondeos de opinión se alternan los problemas que más preocupan a los venezolanos. En algunas encuestas aparece el alto costo de la vida, la escasez, el desabastecimiento y el desempleo como los látigos que más azotan a la nación. En otros, es la violencia y la inseguridad ciudadana los que concentran la atención. Cualquiera sea el peso relativo de esas dos dimensiones, lo cierto es que ambas muestran la insondable profundidad de la crisis que vive el país y ante la cual vemos un gobierno desconcertado, que solo cuenta con el arma de la intimidación, el hostigamiento y la represión para tratar de evitar que el descontento se desborde.
El Plan Patria Segura, divisa del ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, ha resultado un fracaso estruendoso, entre otras razones porque es la propia policía la protagonista de los delitos más comunes. En este rubro los secuestros exprés se han convertido en una industria próspera y lucrativa. Mientras muchas empresas agonizan porque no consiguen divisas para comprar repuestos, materia prima o renovar equipos, las bandas organizadas, con agentes de seguridad como líderes, se multiplican y enriquecen a velocidades siderales. Los extorsionadores argumentan que son modestos padres de familia a quienes el miserable sueldo de policías no les alcanza para mantener con dignidad a la familia. De acuerdo con esta particular visión, en realidad no cometen una fechoría sino un acto de justicia social, solo que a través del reparto compulsivo de la riqueza.
El número de crímenes tampoco ha retrocedido. La proyección indica que en 2013 el número de asesinatos y muertes violentas se empinará por encima de las 20.000 víctimas. La razón de esta guerra es que hay más de un millón de armas ilegales que no han sido rescatadas. El programa de recuperación de armas de fuego fue un fiasco. La gente no entrega su “hierro” porque lo usa para “trabajar” o porque lo conserva para defenderse.
El Plan Patria Segura tuvo una versión restringida y acotada a las cárceles. Se trataba de humanizar los establecimientos penitenciarios, desarmar a los reclusos, humanizar los centros de reclusión y acabar con los pranes, esos caudillos locales que desatan el terror en los presos que no se afilian a alguno de los bandos en los que se reparte el poder dentro de los presidios. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, en repetidas oportunidades ha anunciado los planes del Gobierno y ha esbozado las iniciativas que su despacho emprendería para acabar con la violencia carcelaria. En este campo la frustración es todavía mayor. Venezuela exhibe el más elevado número de muertes en América Latina entre la población cautiva. En 2013 los fallecidos serán más de quinientos en una población que apenas supera los 45.000 reclusos.
El enfrentamiento en la cárcel de Sabaneta el martes 16 de septiembre dejó dieciséis muertos. En esa batalla campal entre bandas jefaturadas por al menos tres pranes -que se prologó por diecisiete horas- fueron utilizadas armas largas y granadas, que ni se venden en la botica, ni se pasan camufladas en la comida que los familiares les llevan a los presos. Los actos de salvajismo cometidos alcanzaron decibeles muy altos. Ante tal barbarie, a la señora Varela lo único que se le ocurrió declarar fue que lamentaba que hubiese “liderazgos negativos”, deploraba que hubiese gente que no sentía “el más mínimo respeto por la vida” y hacia un llamado a “deponer la violencia”. Por supuesto que ninguna autocrítica a su gestión que ha sido desastrosa. Ningún anuncio de abrir una investigación imparcial para establecerer cómo entraron los fusiles y las granadas al presidio, y cómo abundaban las armas blancas. Ni la más leve amenaza de desentrañar la red de complicidades existente entre la Guardia Nacional, la policía penal y los pranes. Sus declaraciones parecíanhaber sido emitidas por una piadosa señora presidenta de una asociación caritativa y no por una funcionaria de alto rango, con un conjunto de atribuciones y competencias bien definidas y responsable directa de lo que ocurre en los penales.
El Estado renunció a ejercer la autoridad y el control de las cárceles. Les entregó el poder a las mafias externas e internas. Los resultados son patéticos. Los presos que logran sobrevivir al horror salen aún peor de lo que entraron. Agudizar la psicopatía se convierte en un instrumento de defensa propia. Pedro Carreño: deberías pedirle la renuncia a Iris Varela.
Trino Márquez / Twitter: @trinomarquezc
