Desde aquí le decimos que no todos los colectivos usan armas, ni tampoco apoyan la violencia. Pero Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre, del estado Miranda, denunció que un grupo de motorizados que utilizaron armas para amedrentar a vecinos de ese municipio, fue perseguido por Polisucre pero se refugió en la sede de VTV. Seguramente la defensora no se enteró de esto porque solo ve VTV
Xabier Coscojuela
La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quiso precisar el pasado sábado lo que entendía como tortura y qué era trato cruel o trato inhumano o degradante. Tal distinción semántica provocó un escándalo y, en algunos medios, las declaraciones de la funcionaria fueron mal interpretadas.
Ahora bien, no creemos que Ramírez esté realmente preocupada porque efectivos de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional apliquen la tortura. Lo que realmente le inquieta a tan singular defensora es que la administración de Nicolás Maduro sea vista en el mundo como un gobierno que ejecuta y permite la tortura. Como vemos, las palabras de la defensora el sábado son coherentes con lo que ha sido el ejercicio de su cargo desde que lo asumió: defender al gobierno.
Ramírez sostiene una definición muy estricta, muy conveniente, de lo que entiende como tortura. Según ella, el hecho de que a un estudiante le introduzcan el cañón de un fusil por el ano no es tortura. Lo mismo aplica para el caso de la joven que fue golpeada por una integrante de la Guardia Nacional en una calle de Valencia, hecho que fue visto por todo el mundo. Al parecer ya la defensora averiguó que a ninguno de ellos se les hizo una pregunta, que por medio de estas acciones sus captores no averiguaron nada, por lo que no habrían sido torturados. Serían casos de trato cruel.
Sin embargo, Liliana Ortega, directora de Cofavic y quien ha denunciado las frecuentes violaciones de derechos humanos, señaló en recientes declaraciones de prensa a propósito de lo afirmado por Ramírez que el concepto de tortura no se refiere solamente a los daños físicos y síquicos que aplican funcionarios públicos para obtener una confesión.
Ortega señala que golpear con armas, cascos o porras; ordenar a los detenidos permanecer por horas con los brazos extendidos; echarles gasolina o mantenerlos en espacios reducidos sin baños y hacinados durante 48 horas son algunos métodos de tortura recogidos en el Protocolo de Estambul de la ONU. ¿Será que Ramírez no lo conoce? Por cierto que antes del sábado la Defensora del Pueblo se había dedicado a atacar a las ONG que tienen como tema central de su actividad velar por el respeto a los derechos humanos. Repentinamente se puso a la orden de estas organizaciones y hasta se reunió con algunas de ellas. Es un cambio positivo que esperemos se mantenga y dé sus frutos.
En su rueda de prensa, Ramírez defiende a los colectivos y pide que si alguien tiene pruebas, las consigne para verificar que algunos de ellos están armados.
Desde aquí le decimos que no todos los colectivos usan armas, ni tampoco apoyan la violencia. Pero Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre, del estado Miranda, denunció que un grupo de motorizados que utilizaron armas para amedrentar a vecinos de ese municipio, fue perseguido por Polisucre pero se refugió en la sede de VTV. Seguramente la defensora no se enteró de esto porque solo ve VTV.
Por su parte, la BBC publicó una crónica sobre el funeral de Juan Montoya, asesinado el 12 de febrero en la parroquia Candelaria, en Caracas, y quien era líder de uno de los colectivos que opera en el 23 de Enero. En su escrito, Daniel Pardo señala que “A unos 50 metros de la ceremonia, personas encapuchadas empezaron a disparar al barranco con sus pistolas, fusiles de asalto y subametralladoras (…) La gente se volteó de inmediato y se acercó, emocionada, aunque también sorprendida de la cantidad de disparos que se prolongaron por al menos cinco minutos”. ¿Ramírez no escucha tampoco la BBC? Como reza el dicho popular: Con defensores así, ¿para qué se necesitan agresores?
