Aunque el oficialismo ha ganado la Alcaldía de Guaicaipuro cuatro veces seguidas desde el año 2.000, el título de esta columna no está referido a la historia electoral de la capital del estado Miranda porque no le cabría tal calificativo ya que en muchas ocasiones la oposición ha salido triunfante, como en la consulta para la reforma constitucional del 2.007, el referendo para la enmienda de la Constitución, las parlamentarias del 2.010 o las presidenciales del 2.013 cuando Capriles le ganó a Maduro por 7.833 votos. Es decir que en términos electorales se podría hablar de un empate histórico entre los dos grandes polos políticos del país.
Digo que Guaicaipuro es rojo rojito debido a los altos índices de criminalidad que colocan a este municipio como uno de los más sangrientos del país y el que tiene la mayor tasa de homicidios en toda la geografía mirandina, porque cuando se definieron los 10 cuadrantes de seguridad para este municipio advertí que sólo cubrían parte de la geografía de Los Teques y que estaban dejando por fuera las seis parroquias foráneas y zonas de alta peligrosidad como Guaremal; incluso, exhortamos al alcalde Francisco Garcés a que exigiera la ampliación del patrullaje inteligente a todo el municipio pero se desentendió del problema y el operativo fracasó rotundamente.
Al analizar los homicidios por cada cuadrante, observamos que de los 15 que han sucedido en mayo el 90% ocurrieron en los que debían ser cubiertos por la Guardia del Pueblo (El Cabotaje y Alberto Ravell) y por Poliguaicaipuro (Ramo Verde, El Nacional y La Matica), lo que indica que hay una grave falla operativa de estos dos cuerpos de seguridad en estas zonas; pero la inseguridad no sólo se relaciona con la alta tasa de homicidios sino con los robos, atracos y secuestros que suceden a diario.
El principal responsable de tomar las correcciones sobre el fracaso del patrullaje inteligente es el alcalde, porque si bien es un problema que compete a todos los cuerpos de seguridad del país, no puede permitir que sigan asesinando a las personas y robando sus bienes sin que tome decisiones que permitan evaluar las fallas y relanzar el operativo, pero para todo el municipio.
ADVERTENCIA. La cámara municipal de Guaicaipuro acaba de solicitar al alcalde Garcés que tramite un crédito adicional ante la Asamblea Nacional por 1.8 millones para cancelar a los trabajadores el aumento del 30% decretado por Maduro hace poco, pero están dejando por fuera el otro 30% de cada año contemplado en la contratación colectiva del 2.009 y pareciera que no lo van a cumplir porque están morosos desde enero con este incremento. He tratado de conseguir la copia de este crédito para constatar si efectivamente está metido el ajuste para los concejales, pero hay un secretismo que me lo ha impedido. Según la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios Públicos, los concejales deben recibir un sueldo máximo de cinco salarios mínimos (art. 13); y como el aumento presidencial lo colocó en 4.251,78 Bs, implica que cada edil cobrará mensualmente la bicoca de 21.258,9 Bs; pero ese ajuste no lo pueden hacer este año porque está sujeto a la disponibilidad presupuestaria del municipio (art. 16), debe entrar en vigencia en el ejercicio fiscal del año siguiente en que se haya fijado el salario mínimo de referencia, el pago debe estar previsto en la ordenanza anual de presupuesto (art. 17) y aparecer en gaceta oficial. Esta Ley también contempla reintegro del dinero mal cobrado (art. 30), multas entre 50 y 500 unidades tributarias a los infractores (art. 31) y hasta inhabilitación política para quienes la violen (art. 32). Eso lo debería saber tanto el Síndico Municipal como el Presidente del Concejo, que es abogado.
QUE PASO EN SAN CRISTOBAL Y EN SAN DIEGO?.Las primeras lecturas que hicieron voceros oficiales del gobierno y del Gran Polo Patriótico (GPP) sobre la reciente paliza electoral que recibieron en San Cristóbal y en San Diego, han sido ligeras, simplistas y erradas porque no profundizan en el análisisde los propios resultados. Afirmar que “son municipios que el GGP daba por perdidos, dada su historia electoral a favor de la oposición” es darle carácter superficial a unos resultados que van más allá de un simple conteo de votos. En este caso, es más importante el análisis cualitativo que el meramente cuantitativo porque según encuestas que publicó el gobierno nacional “las guarimbas” eran rechazadas por el 90%, sin embargo el revolcón electoral se la dieron los municipios más “guarimberos” del país; lo que indica dos cosas: o no es verdad tal nivel de rechazo o que hubo un voto castigo masivo por la represión con que fueron combatidas. Es decir, la protesta no está desvinculada con la participación electoral. Además, las candidatas de la Unidad subieron la votación respecto a diciembre pasado y los del GGP, la bajaron; y aunque no se pueden extrapolar estos resultados a todo el país, es una realidad que las elecciones se realizaron en un escenario nacional de mucha crisis económica, política y social; y se podrían interpretar como un rechazo firme al desempeño presidencial de Nicolás Maduro, lo que incidiría en los resultados de una elección como las parlamentarias del 2.015; y puede ser un “campanazo” de lo que le viene. Finalmente, cuando la participación es masiva es poco lo que puede hacer el CNE para revertir los resultados. Los electores de esas poblaciones demostraron que no hay trampa que valga cuando se vota como lo hicieron ellos de forma decidida, masiva y valiente.
POLIGUAICAIPURO EN LA MIRA. El alcalde Garcés debe analizar la conducta de algunos funcionarios de la policía municipal y poner los correctivos para evitar lo que sucedió hace poco en La Matica, donde asesinaron a un estudiante en extrañas circunstancias. La familia del joven está exigiendo la intervención inmediata de Poliguaicaipuro, pero dudo que eso pase. A lo más, podría salir su Director y parece que eso está adelantado. Si en este lamentable episodio estuvieran involucrados agentes de Polisalias o Policarrizal, no tengo dudas de que ya esos cuerpos policiales estuvieran intervenidos por el Ministerio del Interior y Justicia y los alcaldes Fernández y Rodríguez amenazados con la destitución de sus cargos; pero la justicia revolucionaria es selectiva: aplica para unos y para otros, no.
Sergio Graffe
