Oswaldo Álvarez Paz
Hay tanto material en materia de escándalos que cuesta escoger semanalmente alguno de ellos. Lo peor es que casi todos están ligados a casos de corrupción que tocan a los niveles más elevados del gobierno civil y militar. También hay los provocados por ineficacia, ignorancia, negligencia cómplice o simplemente ingenua, pero todos contribuyen a la sangría que coloca a Venezuela en la categoría de “pobrecito”, que en todas las estadísticas serias del mundo nos señalan. Entre los últimos en todo. Educación, salud, vivienda, costo de la vida, turismo, seguridad de personas y bienes, militarización de la vida pública, expectativas de futuro y, en fin, paremos de contar lo sabido por todos.
La responsabilidad de cuanto sucede es exclusiva y excluyente del difunto Hugo Chávez y el régimen por él impuesto. Hoy está bajo la dirección atrabiliaria de éste pasticho encabezado por Nicolás Maduro a quien le quedan demasiado grandes las responsabilidades del cargo que ilegítimamente ocupa. En pocas palabras, no sirve. Tampoco Jagua para el que desempeña y de Diosdado Cabello, ni hablar. La Asamblea Nacional es un desastre que ni controla ni legisla, ni cumple con sus obligaciones constitucionales. Sin orden constitucional, sin acatamiento a las leyes, sin administración de justicia imparcial e independiente, el país cae por un barranco profundo. Debemos rescatarlo antes de que sea demasiado tarde. Conste que para el día de hoy a esta hora, no es tiempo lo que nos está sobrando.
Una de las preocupaciones mayores que tenemos, las hemos expresado en reiteradas oportunidades sin obtener reacciones adecuadas, se refieren al tráfico ilícito de drogas, de armas, al comercio informal de la frontera que algunos llaman contrabando y también, según avanzan las informaciones, al trafico de personas con diferentes propósitos, todos ilegales. Para librar estas batallas pareciera que no hay gobierno civil, ni militar. La población está indefensa. La consigna es un “sálvese quien pueda” y como pueda. Individual, familiar y en las comunidades la gente se prepara para defender lo suyo. Con o contra las diferentes instancias del poder. El CICPC o la Oficina Nacional Antidrogas, deberían informarnos la incidencia de las drogas en el tema de la inseguridad y la delincuencia.
