El tesoro público está vacío. El orden de las ciudades permanece en manos de los «colectivos» paramilitares, mientras que el de las cárceles resta en las de sus socios, los «pranes»
Asdrúbal Aguiar
La garganta del régimen -diría San Pablo en su Carta a los Romanos- es un sepulcro abierto. A lo largo de 15 años, bajo la consigna de una revolución pacífica pero armada, fue organizando su aparato paramilitar, ahora llamado «colectivos populares».
El mismo régimen, a la par, ha relajado la disciplina dentro de las instituciones tanto militares como policiales, para darle cabida a sus milicias y hacer ineficaz a las primeras, anarquizándolas, despojándolas de referentes morales. Y he aquí las consecuencias ominosas, las de ahora, que están a la vista y no ocultan la propaganda oficial ni las cadenas de Nicolás Maduro. El país vive su anomia más extrema, y el Estado nominal que resta no resuelve y exacerba su violencia contra los opositores.
Venezuela no está dividida en dos partes como dicen, es un rompecabezas. Pero el todo, eso sí, sufre a la cultura de la muerte instalada. No nos engañemos.
Todo comienza con los inocuos Círculos Bolivarianos, entrenados ideológicamente en la embajada Libia de Caracas, encuentros que organiza el alcalde caraqueño de entonces, Freddy Bernal, a partir de 1999, quien por cierto no viene de un convento de franciscanos. Luego, siendo Diosdado Cabello ministro de la Presidencia, por órdenes de Hugo Chávez los financia y multiplica, adscribiéndolos al Palacio de Miraflores. Hasta osan crear sus «tribunales populares», que alguna juez tiene la audacia de prohibirlos mediante un amparo constitucional.
Ejercitan sus primeras tropelías como cabilleros -camisas rojas que emulan a las camisas pardas o negras del nazi-fascismo europeo – cuando el mismo Cabello, luego ministro del Interior, les invita a causar destrozos y dejar siembra de terror en medios de comunicación; como para que el país tome conciencia de que la revolución o avanza sin resistencias o la resistencia será destruida por las armas.
Entre tanto, desde agosto de su primer año, Chávez pacta con las FARC el uso de nuestro territorio como aliviadero para las FARC, sus acciones terroristas y la expansión del narcotráfico. Y sobre la citada indisciplina de las FF.AA. -viste de teniente coronel para mandar a generales y asciende a los últimos de las listas de mérito- favorece su penetración criminal y colonización. Surgen así los «narco-soles» y mandan oficiales cubanos en los cuarteles y órganos de inteligencia.
Pues bien, en cuanto a los círculos, ellos mudan en colectivos populares a partir del 2004. Se nutren con delincuentes de nuestras ciudades, quienes actúan con total impunidad, armados y montados sobre motocicletas de alta cilindrada que les provee el régimen. Juan Barreto, alcalde mayor revolucionario, les da autoridad sobre la Policía Metropolitana que antes los persigue.
De modo que, mientras avanza lo anterior, Venezuela medra anestesiada por el torrente de petrodólares que ingresan y se dilapidan -1.500 billones de dólares- sin planificación ni controles, como lo reconoce su responsable, el ministro Rafael Ramírez. Y los efectos de la violencia, que sube como mar de leva, apenas preocupan a sus víctimas o los periódicos. Mueren a manos del paramilitarismo criminal y del negocio del narcotráfico unos 200.000 venezolanos durante 3 lustros, y en 2013 unos 23.000. Pero no hay ruido. Ahora sí, a pesar del frenazo que quieren imponerle algunos opositores reblandecidos.
El tesoro público está vacío. El orden de las ciudades permanece en manos de los «colectivos» paramilitares, mientras que el de las cárceles resta en las de sus socios, los «pranes». El gobierno formal del binomio Maduro-Cabello, para sobrevivir -así lo creen- acelera la violencia pero la disimula con propaganda de amor y cuitas.
Pero los jóvenes estudiantes en actual protesta entienden que se les ha comprometido gravemente su futuro. Manifiestan con total legitimidad. Lo hacen pacíficamente, a pesar del intento de la canalla para desfigurarlos. Tienen un claro objetivo social, que la mezquindad les niega: Demandan seguridad, acceso de sus familias a los alimentos y medicinas, a educación de calidad y hospitales equipados, en un país petrolero inexplicablemente carenciado, que importa gasolina desde Brasil.
El deber de toda oposición democrática es oponerse, para que los responsables reaccionen y hagan su tarea. No les corresponde allanarles el camino, por miedo a que se la engulla su represión, menos negociando a la democracia o el arbitrario carcelazo de Leopoldo López.
En Venezuela hay violencia paramilitar y de Estado. Y no hay bienestar por ausencia de república. No se trata de un problema de eficacia gerencial. Eso deben entenderlo los políticos curtidos, sino quieren que el ferrocarril de la historia les pase por encima.
