La Defensora del Pueblo es -al decir popular- defensora de su puesto, no defiende los derechos humanos y sus garantías, y por desgracia a la actual Defensora, Gabriela Ramírez (así como a su predecesor) se le ha visto siempre defendiendo al gobierno y no al ciudadano
Paciano Padrón
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Desgracia la de un pueblo que no tiene un gobierno que gobierne, ni organismos públicos que ejerzan la función contralora, en el sentido más amplio del término. Primero con Chávez y ahora con Maduro, el Ejecutivo Nacional actúa como le viene en gana, contraviene normas y desprecia los derechos humanos. No hay presencia y reacción de los órganos del Estado concebidos constitucionalmente como entes autónomos de control. Todo es un despelote, reina la sumisión y la corrupción; la ineficiencia se premia y se castiga la rectitud. Nadie controla, esa sola razón es suficiente para que la calle no calle y la protesta continúe, hasta alcanzar el restablecimiento del Estado de Derecho.
Centremos esta reflexión sobre el Poder Ciudadano, es decir la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Contraloría, sin dejar de recordar que no tenemos Poder Judicial, solo jueces y magistrados postrados ante el Presidente y prestos a recibir sus instrucciones. Tampoco existe Poder Legislativo, la Asamblea Nacional no ejerce ninguna de las tres funciones que le son propias: no legisla, no controla ni representa al pueblo que elige a sus diputados, representa al Presidente, lo que significa que quien debe controlar representa al controlado.
El Poder Ciudadano -en cabeza de la Defensora, la Fiscala y la Contralora- tiene constitucionalmente misión protectora del pueblo, debe ser expresión de los ciudadanos para prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra él, así como contra la ética pública y la moral administrativa, existe para defender los derechos humanos y la legalidad.
La Defensora del Pueblo es -al decir popular- defensora de su puesto, no defiende los derechos humanos y sus garantías, y por desgracia a la actual Defensora, Gabriela Ramírez (así como a su predecesor) se le ha visto siempre defendiendo al gobierno y no al ciudadano; ¿recuerda usted si la ha visto cumplir algunas de sus obligaciones, tales como “velar por el efectivo respeto y garantías de los derechos humanos” o “por el correcto funcionamiento de los servicios públicos”? Nadie recuerda que la Abogada Ramírez, en tantos años de cobro del sueldo de Defensora, haya interpuesto por lo menos una acción de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus, hábeas data o algún otro de los recursos que tiene el deber de accionar en defensa de los ciudadanos. ¿Alguna vez la Defensora ha instado al Ministerio Público a intentar acciones contra funcionarios infractores, o ha solicitado sanciones a funcionarios por violar los derechos de los ciudadanos como usuarios consumidores? Tenemos una caricatura de Defensoría.
La Fiscal General de la República tiene nada menos que la función de garantizar, en los procesos judiciales, el respeto a los derechos y garantías constitucionales. Nunca antes habíamos tenido un Ministerio Público tan genuflexo ante el Ejecutivo, al punto que Isaías Rodríguez -quien no pudo hacerlo peor- quedó “reivindicado” ante la actuación de su sucesora, Luisa Ortega Díaz.
Corresponde a la Contraloría General ser el órgano de control y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos. Esa contraloría no existe, aquí no se controla nada y el robo de la cosa pública es abierto e ilimitado. El Contralor General, Clodosbaldo Russián, murió hace dos años, y el sustituto que debió ser electo un mes más tarde, todavía no aparece. No quiero irrespetar la memoria del Contralor Russián, pero la verdad es que su ausencia no se ha notado.
En la calle protestamos por el país descontrolado y luchamos por una nueva sociedad, por un gobierno que gobierne y sea controlado por el pueblo y sus órganos constitucionales de vigilancia y fiscalización. Que la protesta permanezca hasta el cambio; que la calle no calle.
