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Home Opinión

Plan de desarme voluntario: un fracaso seguro

Daniel Murolo by Daniel Murolo
07/10/2014
in Opinión
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El año pasado, La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un estudio anual sobre homicidios en el mundo que coloca a Venezuela como el segundo país más violento con una tasa de asesinatos de 53.7 por cada 100.000 habitantes, después de Honduras; pero en ese mismo informe quedó establecido que nuestro país es el único del continente americano con un crecimiento consistente en índices delictivos, desde 1.995; lo que implica que a esta fecha esos números podrían ser peores. Estas cifras rojas son alarmantes porque en el planeta Tierra existen 194 países, que es igual a decir que estamos por encima de 192 en tasa de homicidio.

Sin llegar al atrevimiento intelectual de creerme un experto criminólogo, el sentido común me indica que los Planes de Seguridad que ha implementado el gobierno han fracasado porque parecieran que están diseñados para ser aplicados en un país distinto a Venezuela; como el último, llamado Patria Segura.

Los dos pilares fundamentales de esta política de seguridad, los Cuadrantes de Seguridad con el Patrullaje Inteligente y el Plan Nacional de Desarme Voluntario, están concebidos con una falla de origen que vaticina su fracaso porque parten de premisas equivocadas respecto a nuestra realidad delincuencial; especialmente éste último dispositivo.

Hay varios elementos específicos que impiden que el Plan de Desarme Voluntario tenga éxito, pero quiero resaltar sólo dos. El primero se refiere al hecho de ser voluntario, porque no contempla una acción represiva del Estado contra la delincuencia profesional organizada que usa armamentos con capacidad de fuego superior al que emplean nuestros componentes policiales y militares, sino que está dirigido al desarme de la población civil que está armada legalmente, precisamente, para defenderse de aquéllas.

El otro elemento, es que me parece una soberana ingenuidad que la entrega de las armas de fuego se realice en destacamentos militares o en las oficinas antidrogas (ONA) porque acudir a éstas instalaciones no garantiza la confidencialidad de la identidad de los delincuentes cuando asistan voluntariamente a consignar sus “herramientas de trabajo” y porque los ciudadanos honestos tampoco querrán ser confundidos con los recién convertidos “buenandros” que usan sus “guacharacas” para matar y robar; pero que ahora podrán solicitar becas o dinero en efectivo como incentivos a cambio de hacer “Patria”.

EL ALCALDE AUSENTE. El eje estratégico de la campaña mediática que el Gran Polo Patriótico está desarrollando contra el gobernador de Miranda para solicitar un refrendo revocatorio ante el CNE, es el supuesto ausentismo laboral de Capriles porque tiene “abandonado” el estado; y para poner a prueba este globo de ensayo designaron el municipio Guaicaipuro como centro de operaciones, razón por la cual observamos que los directivos municipales del Psuv y sus aliados políticos proyectan un nivel de virulencia superior respecto al resto de Miranda; pero les recomiendo que “no escupan pa´rriba” porque les recuerdo que cuando Francisco Garcés se postuló para la Alcaldía de Guaicaipuro consignó una Declaración Jurada de Residencia ante la Junta Electoral Municipal para dar fe pública de que tenía tres años viviendo en la Urbanización Valle Alto de Los Teques, número 562, para poder cumplir con el requisito de residencialidad exigido en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; sin embargo, hasta ahora nadie ha podido confirmar estos datos; pero existe un problema adicional, que es más de tipo moral y político que legal porque, al parecer, Garcés no está viviendo en Valle Alto ni en otro lugar de este municipio sino en Macaracuay, Caracas. Si esta información es correcta (la estoy investigando), significaría que Garcés pasa cinco días en Guaicaipuro y dos en su casa del municipio Sucre y de las 24 horas diarias, 12 aquí y 12 allá, suponiendo que llega a su “oficina” a las 8 de la mañana y se va a las 8 de la noche. Es decir que de las 168 horas de una semana, Garcés “pasa” 60 en Guaicaipuro (35.71%) y 108 en Caracas (64.28%). El cargo de un alcalde debe ser a tiempo completo y el sueldo es de siete salarios mínimos según el artículo 12 de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios del Poder Público, lo que representa que Garcés debería “ganar” 29.762,46 Bs al mes (el salario mínimo está en 4.251,78 Bs mensuales), si está aplicando esta ley. Si descontamos el tiempo de ausencia (el 64.28%), implica que debería recibir solo 10.628,17 Bs por cada mes, que es el 35.71% de su “trabajo”. En todo caso, reto a Garcés a que nos diga públicamente dónde vive; y si es en Guaicaipuro, estas líneas pasarían a ser una simple tremendura de este Politólogo; pero hasta que no demuestre lo contrario, es un alcalde ausente en un 64.28%.

ROBERT SERRA, Q.E.P.D. El finado Chávez bautizó a Robert como “la metralleta Serra” por su capacidad de expeler mil palabras por segundo con fina coherencia y porque su verbo encendido era capaz de dejar en ridículo a los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional, y a la vez, dar la cara ante la mediocridad discursiva de sus compañeros de bancada. Este chamo de 27 años representaba el clásico ejemplo de la polarización política venezolana, porque así como despertaba orgullo entre sus seguidores también existían quienes lo despreciaban con la misma intensidad; pero su vil asesinato y el de su compañera de lucha, María Herrera, debería servir de reflexión sobre la grave situación política y social del país. No puedo fijar posición sobre los motivos de estas muertes o si fueron causadas por el hampa común o por sicariato porque sería una temeridad irresponsable, pero lamento profundamente que se usen para politizar un suceso que en lugar de llamar a la unidad de los venezolanos sobre el grave problema de la inseguridad, sean manipuladas para dividir aún más a nuestra sociedad. Sospecho que en este caso pasará igual que con el asesinato de Danilo Anderson, que después de tantos años aún no conocemos quién lo mandó a matar; pero es deplorable la actitud del gobierno porque sin concluir las investigaciones, ya se aventuró a lanzar una hipótesis sobre la autoría y esa orientación lo que ha hecho es dividir las opiniones sobre la verdad verdadera, como dicen los abogados.

 

Sergio Graffe / Politologo

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