El retardo procesal en el manejo de los expedientes de los procesados presentados ante los tribunales y la decisión del Ministerio de Prisiones de que los privados de libertad que están en fase de tribunal de control permanezcan en los calabozos de la Policía de Miranda, ha generado el hacinamiento de las salas de Guardia y Custodia, donde 150 detenidos esperan se les dé celeridad procesal en las audiencias preliminares y les asignen un cupo en los recintos penitenciarios del país.
El subdirector de la Policía de Miranda, comisionado agregado Francisco Escalona, denunció que hay 128 ciudadanos detenidos que se encuentran en tribunal de control y que solamente esa cifra genera hacinamiento en los recintos del ente estadal. Reiteró que la mayoría de estos casos supera los 60 días que establece la ley para ejecutar la audiencia preliminar y que existen aprehendidos que tienen 571 días a la espera de su enjuiciamiento.
Tribunales con retraso
Agregó que los tribunales de justicia deben actuar con mayor celeridad procesal, porque es un derecho tanto de los agraviados como de los apresados, ya que al no pasarlos a juicio “se genera la excusa de no darle entrada a las centros penitenciarios por no haber cumplido esa fase, lo que hace que se colapsen las policías. Con esta grave omisión violan lo que establece Código Orgánico Procesal Penal (Copp), en cuanto a los lapsos previstos para que sean condenados y enviados a los sitios de reclusión que les corresponde”, dijo.
El jefe policial comunicó que la problemática también se extiende a todos los cuerpos de seguridad, la cual genera la violación de los derechos humanos de quienes esperan su traslado a las cárceles del país. Enfatizó que las instalaciones de los entes policiales municipales, estadales y nacionales, no son las más idóneas para albergar a personas mientras son procesadas.
“Otra de las consecuencias colaterales de los retardos procesales y la mora del ente ministerial de prisiones, es que los organismos policiales se vean obligados en colocar más funcionarios para custodiar a los detenidos, generando que haya una menor presencia policial en las calles para proteger a la ciudadanía”, citó.
Mentes que sólo piensan en escapar
Escalona recordó que los recluidos en las instalaciones de las policías no gozan de beneficios como visita conyugal, no tienen desplazamiento para tomar sol, realizar actividades recreativas, deporte, cultura o lectura y que no tienen oportunidad de esparcimiento a la mente, mientras que comparten un espacio de 2 mts por 2mts, con otros presos para dormir y pasar cada día.
“Ante esta situación planean cómo lograr su libertad, porque están agobiados de estar tanto tiempo sin que procesen su causa. Entonces surge el peligro de las mentes ociosas. Ellos son una fuerza física concentrada que se dedica a pensar cómo cortar los barrotes, tumbar las barandas y derrumbar las puertas, hasta que ingenian la forma para hacer colapsar la estructura. Éste es el peligro al que nos enfrentamos diariamente”, indicó.
Burocracia carente de respuesta
Reiteró que han presentado ante los diferentes entes judiciales y penitenciarios las carpetas con toda la documentación necesaria para que cada apresado obtenga una respuesta sobre su condena y traslado, pero a la fecha aún tienen 150 detenidos, nueve de los cuales ya fueron enjuiciado y siete que recibieron sentencia, quienes deberían, al igual que los que están en tribunal de control con más de 60 días, estar en las cárceles venezolanas.
“Solo hemos recibido promesas y excusas ante dichas solicitudes, en lugar de los cupos correspondientes. El gobierno central debe crear nuevos recintos penitenciarios, darle celeridad a los procedimientos judiciales para propiciar que el hacinamiento no merme la acción policial. Recordemos que en Venezuela se abolió la Ley de Vagos y Maleantes, porque se consideraba que era violatoria de los derechos humanos, sin embargo, en la actualidad el gobierno nacional está repitiendo el mismo formato, pero con otro nombre”, concluyó.
Alex Fuenmayor – [email protected] / @heyapplex
