Hace pocos día durante el desarrollo de un taller de Liderazgo y Oratoria organizado por el partido Copei en el núcleo de la Ucab de los Teques, presencié dos juiciosas intervenciones de los abogados Carlos Pérez y José Manuel Da Corte que me motivaron a escribir sobre la importancia de la Asamblea Nacional (AN) y las consecuencias para el desarrollo institucional de la República cuando un factor político logra obtener la mayoría de los diputados que la integran, como es el actual caso venezolano con la representación de la alianza oficialista desde el año 2.005.
Estos profesionales argumentaron con precisión jurídica por qué “el Poder Legislativo (AN) es el más importante de los otros cuatro Poderes Públicos Nacionales debido a que participa en la designación de las máximas autoridades del Poder Ciudadano, el Judicial y el Electoral; y ejerce controles político-administrativos sobre las competencias del Ejecutivo”, como efectivamente lo establece el artículo 187 de la Constitución Nacional y las leyes especiales respectivas que rigen el funcionamiento de cada una de estas instituciones.
Este artículo 187 constitucional define 24 atribuciones de la AN relacionadas con la gobernabilidad del Estado y sus instituciones; de las cuales destaco las siguientes a propósito de la proximidad de las elecciones parlamentarias para renovar el parlamento: legislar en materias de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional (1), proponer enmiendas y reformas a la Constitución (2), ejercer funciones de controles sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional (3), decretar amnistías (5), discutir y aprobar el presupuesto anual de la Nación (6), autorizar créditos adicionales (7), dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo Nacional y a los Ministros (10), o autorizar el nombramiento del Procurador de la República y los Jefes de Misiones Diplomáticas venezolanas en el exterior (14).
Sin embargo, dependiendo de su importancia política y administrativa y por ser la AN un cuerpo colegiado que toma sus decisiones por mayoría de sus miembros, hay algunas que requieren votación absoluta para su aprobación (50% + 1 de diputados) y otras deben ser calificadas (3/5 partes = 60% y 2/3 = 66.6%;); y las que se relacionan con la designación de los Jefes del Poder Ciudadano (Contraloría General, Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo; 7 años en los cargos), El Judicial (los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; 12 años) y el Electoral (los rectores del CNE; 7 años), se toman de forma diferenciada cuando vence el lapso de cada nombramiento.
El próximo año habrá elecciones para escoger los diputados a la Asamblea Nacional y si no hay cambios en la cantidad de sus integrantes, el número debería ser de 165 parlamentarios; lo que implica que la mayoría absoluta serían 84 diputados y las calificadas, 98 (60%) y 110 (66.6%), pero es poco probable que alguna de las dos alianzas políticas polarizadas alcancen alguna de estas últimas; lo que hace inferir que el esfuerzo electoral sería para obtener al menos 84 diputados, con lo cual se podrían lograr algunos cambios institucionales y decisiones administrativas que incidirían en el funcionamiento del Estado y en la vida cotidiana de los venezolanos.
Aquí radica la importancia de ganar o perder la mayoría de la AN, y la abstención no es una opción válida porque podría suceder como en el 2.005 que permitió la actual hegemonía institucional de la alianza oficialista porque el 80% de los venezolanos dejaron de votar en aquella ocasión.
LA LEGION EXTRANJERA. Siguen los problemas políticos y de comunicación entre el alcalde Garcés y los directivos municipales y las bases del Psuv por su prepotencia y cargos importantes de la alcaldía. Casi todos se los trajo de Caracas y ninguno contó con la venia de la dirección local, incluso ni los pocos que son autóctonos; y cuando le han reclamado participación en el gobierno, los amenaza con renunciar al cargo porque él no pidió estar aquí. Si esta situación sólo fuese un asunto interno de un partido no habría nada que opinar, pero tiene incidencia directa en el mal desempeño de la gestión porque hacen su “trabajo” por obligación y no por compromiso afectivo por este pueblo. Otra exigencia que le hacen al alcalde es que se mude al municipio porque sienten que por eso luce tan ausente de sus funciones. Recordemos que la candidatura de Garcés formó parte de un acuerdo interno en el Psuv para postular personas en espacios donde era segura la derrota electoral, con la garantía de que irían a un mejor cargo; como sucedió con Elías Jaua, Ernesto Villegas, Farith Fraija, El “Potro” Alvarez y Dante Rivas, pero Garcés pegó “el lechazo” y ganó; y ahora tiene esa “papa caliente” entre sus manos.
TRES DE MIS COMPATRIOTAS COOPERANTES. 1). Me dicen que el “arma secreta” que tiene el alcalde de Guaicaipuro para aumentar la recaudación de los impuestos municipales es asignarle el contrato de la cobranza a una empresa privada. Indistintamente de las buenas y “jugosas” intenciones o de si la compañía sea muy eficiente, que se llame Setvincorp C.A o como sea, ese contrato de servicio debería ser aprobado por la mayoría de los concejales de la cámara, como no me lo aclaró “la compatriota cooperante” que me pasó el dato. Por cierto que sería interesante conocer qué pito tocan en esta “fiesta de los impuestos” los nombres de “Emil” y “Farfán”. 2) Me informan que el alto gobierno mantiene contacto con una empresa brasileña para que se encargue de la operatividad del Relleno Sanitario de El Limoncito. Las cuentas están en rojo debido a que, entre otras menudencias, la alcaldía de Guaicaipuro mantiene un “mono” gigantesco con la empresa de producción socialista que maneja el botadero de basura (en eso lo han convertido). Se habla de más de 8 millones de deuda; sin embargo, están cobrando “convenientemente” a las Alcaldías de Carrizal y Los Salias. 3). Me cuentan que el jueves antepasado, por la noche, unos delincuentes se metieron al campamento donde funcionaba la fracasada Misión Barrio Tricolor, en el sector Mal Paso de Los Teques, y después de amarrar a los dos ancianos vigilantes, se robaron un camión que cuesta una fortuna. Desconozco si la denuncia fue consignada ante el Cicpc, como debió ser.
Sergio Graffe / Politologo
